Confía Morena en lograr consensos y designar titular de la CEARV
CUERNAVACA, Mor., 22 de junio de 2026.— A casi cinco años de haberse establecido su obligatoriedad legal, 19 de los 36 municipios de Morelos han incumplido con la instalación de sus Unidades de Búsqueda de Personas Desaparecidas, confirmó Armando Hernández del Fabro, titular de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobierno del estado.
El funcionario estatal detalló que, a pesar de que las actuales administraciones municipales se encuentran a la mitad de su periodo de gestión, solo 17 demarcaciones cuentan con estas células constituidas formalmente, concentrándose el avance principalmente en las localidades de la zona metropolitana.
La obligatoriedad de estas células se publicó el 11 de agosto de 2021 en la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos. El marco normativo buscaba descentralizar las tareas de localización inmediata para obligar a los ayuntamientos a actuar como primeros respondientes, rompiendo el monopolio y la burocracia de las fiscalías.
Sin embargo, el avance reportado en el papel contrasta con la realidad operativa. Colectivos de víctimas, como Regresando a Casa Morelos, han denunciado de forma reiterada que existe una simulación institucional, ya que las unidades existentes carecen de presupuesto propio, patrullas exclusivas, herramientas de rastreo y personal certificado.
La problemática se agudiza en la zona sur y oriente del estado, así como en municipios de reciente creación por usos y costumbres, tales como Xoxocotla, Hueyapan, Puente de Ixtla y Cuautla, los cuales registran altas tasas de desaparición pero argumentan insolvencia financiera para evadir la ley.
A este escenario se suma el riesgo de cooptación de las policías preventivas que son habilitadas para estas tareas, pues la falta de recursos asignados por el Congreso local y los riesgos de filtración de información a grupos delictivos por la colusión de mandos locales vulneran la seguridad de las familias buscadoras.




