Impugna Tribunal reforma sobre inmunidad procesal de jueces

CUERNAVACA, Mor., 25 de marzo de 2026.- El pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos determinó acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para promover una controversia constitucional, argumentando una grave falta de claridad técnica en las recientes reformas a la Constitución Política del Estado de Morelos.

El conflicto legal se origina en la modificación al artículo 136, la cual, según el órgano judicial, presenta ambigüedades críticas que impiden determinar con precisión el alcance de la inmunidad procesal (fuero) con la que cuentan las y los magistrados. El TSJ advierte que la redacción actual no especifica si los integrantes del Poder Judicial mantienen esta protección frente a delitos del orden común, lo que genera una laguna jurídica peligrosa para la independencia judicial.

Incertidumbre en la aplicación de la norma

De acuerdo con el TSJ, la falta de precisión en la reforma no es un detalle menor, ya que deja a los juzgadores en un estado de vulnerabilidad e incertidumbre ante posibles procesos legales. La controversia busca que los ministros de la Suprema Corte intervengan como árbitros para establecer criterios claros de interpretación

"La reforma no define con precisión el estatus de los magistrados, lo que genera incertidumbre en la interpretación y aplicación de la norma", señala el argumento del Tribunal, subrayando la necesidad de evitar conflictos competenciales y legales en el futuro inmediato.

El papel de la Suprema Corte

Con este recurso, el TSJ de Morelos solicita que la SCJN analice si la reforma constitucional local vulnera los principios de certeza jurídica y autonomía de los poderes. De ser aceptada la controversia, la Corte deberá definir si la omisión en el artículo 136 fue un error de técnica legislativa por parte del Congreso de Morelos o si existe una intención de modificar el régimen de inmunidad procesal para los altos funcionarios del Poder Judicial.

Este movimiento jurídico se produce en un contexto de constantes jaloneos legales entre los Poderes del Estado, colocando nuevamente a Morelos en el centro del debate constitucional nacional sobre la protección de los servidores públicos de alto nivel.