Garantizan gobernabilidad en Morelos pese a embestida federal a alcaldías

Cuernavaca Mor., 3 de agosto de 2926. — En medio del sacudimiento político e institucional que atraviesa Morelos tras la detención de dos presidentes municipales y las indagatorias federales abiertas contra otros nueve alcaldes por presuntos nexos con el crimen organizado, el Gobierno Federal intenta contener el impacto y sostener que el control institucional en la entidad no se ha fracturado.

El delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la entidad, Raúl Vergara Mireles, aseveró que la gobernabilidad en los 36 municipios que integran el territorio estatal está plenamente garantizada, a pesar del operativo de fiscalización e inteligencia desplegado desde la Federación.

"Debo ser muy concreto: en todos los ayuntamientos de la entidad hay gobernabilidad. Únicamente algunos municipios son objeto de revisión cotidiana; estamos atendiendo todas las demandas en absoluta coordinación con el Gobierno del Estado", sostuvo el funcionario federal para matizar la crisis política local.

El cerco sobre las administraciones municipales de Morelos quedó al descubierto luego de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, reveló que al menos 11 alcaldías se encontraban bajo la mirada por irregularidades estructurales y vínculos directos con grupos delictivos. La embestida de las fuerzas federales ya derivó en las capturas y aprehensiones de los ediles de Cuautla y Atlatlahucan.

Vergara Mireles precisó que la intervención federal no se limita de manera exclusiva a los municipios bajo investigación penal pública, sino que abarca un monitoreo constante sobre la totalidad del mapa municipal morelense para detectar posibles grietas operativas o infiltraciones.

Pese a la gravedad de los señalamientos que pesan sobre el entramado político regional, el representante de la Segob evitó adelantar vísperas sobre el destino de los alcaldes aún bajo sospecha, argumentando un apego estricto al debido proceso ya la espera de que los tribunales definan las responsabilidades penales.

Mientras la Federación mantiene abiertos los expedientes de investigación sobre los gobiernos locales, la representación burocrática apeló a la "confianza institucional", asegurando que la operatividad de los servicios públicos y la estabilidad de las alcaldías no se verán interrumpidas por el avance de las acusaciones penales.