Detienen al presunto feminicida de la estudiante española en Cuautla
Cuernavaca, Mor. 24 de julio de 2026.— Tras años de abusos, negociaciones cupulares y complicidades electorales que permitieron a actores políticos de la clase privilegiada despojar a los verdaderos pueblos originarios de sus espacios de representación, el Congreso del Estado de Morelos se alista para asestar un golpe a la simulación y frenar el esquema lucrativo de los "falsos indígenas".
La ofensiva legislativa, impulsada por la diputada morenista Guillermina Maya Rendón, busca poner candidatos definitivos al Artículo 2º Bis de la Constitución local. La propuesta surge tras un histórico de reclamos e indignación ciudadana por el actuar de "chapulines" y perfiles partidistas ajenos a las comunidades que, mediante documentos apócrifos y componendas con autoridades e instituciones electorales, usurparon las acciones afirmativas reservadas constitucionalmente para sectores vulnerables.
"Ya no se permitirá que el oportunismo político y las simulaciones desplacen la voz auténtica de nuestras comunidades. Las candidaturas reservadas no pueden seguir siendo botón de grupo ni refugio de conveniencia electoral" , señala la postura legislativa que busca blindar los derechos de los pueblos originarios.
El fin de las "firmas de conveniencia" y el negocio del padrón
El proyecto de reforma ataca directamente la raíz del problema: el monopolio de la validación. De aprobarse, las burocracias partidistas e institucionales perderán la facultad de otorgar "cartas de adscripción", trasladando todo el poder de decisión de manera exclusiva a las Asambleas Generales comunitarias.
Asimismo, la iniciativa contempla el establecimiento de penas y sanciones administrativas y penales para castigar la suplantación de identidad con multas político-electorales, un tema que durante procesos pasados generó severas fisuras e impugnaciones ante los órganos jurisdiccionales.
Con el respaldo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) y la alineación con las consultas federales promovidas por el Gobierno de la República, la actual Legislatura busca saldar una deuda histórica y cerrar el paso a quienes han utilizado la causa indígena únicamente como una plataforma de ambición personal.




