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CUERNAVACA, Mor. 10 de julio de 2026.— La Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDHM) en Morelos exigió a las autoridades correspondientes iniciar una investigación exhaustiva, bajo el protocolo de feminicidio, en torno al fallecimiento de una mujer privada de la libertad al interior del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Femenil Número 16, ubicado en la comunidad de Michapa, municipio de Coatlán del Río.
El organismo civil alertó sobre la recurrencia institucional de criminalizar o simplificar las muertes en el sistema carcelario. José Martínez Cruz, integrante del CIDHM, advirtió de manera categórica que los decesos registrados en este complejo penitenciario de máxima seguridad no deben ser sepultados burocráticamente bajo la etiqueta de suicidios, una práctica que —acusó— busca evadir las responsabilidades del Estado en la custodia y salvaguarda de las internas.
Martínez Cruz recordó que la situación de vulnerabilidad en el CEFERESO 16 no es un hecho aislado. Tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) han documentado e interpuesto diversas quejas por violaciones sistemáticas a los derechos humanos de la población femenina en dicho penal, caracterizados por un severo régimen interno.
"Todo fallecimiento violento de cualquier mujer debe investigarse bajo el protocolo de feminicidio", sentenció el activista, al recordar que las obligaciones de perspectiva de género no fenecen por el estatus jurídico de reclusión de las víctimas.
El patrón del aislamiento y la desatención
A decir de los defensores de derechos humanos, la opacidad con la que se maneja el CEFERESO de Michapa encubre un entorno hostil que detona las tragedias. La CIDHM urgió a implementar una revisión profunda de las condiciones de internamiento que enfrentan las mujeres en el estado de Morelos, poniendo especial énfasis en:
Aislamiento prolongado: Medidas disciplinarias extremas que atentan contra la salud mental y la dignidad de las internas.
Ausencia de atención psicológica: Falta de personal calificado y programas preventivos eficaces para diagnosticar cuadros de depresión o crisis emocionales severas.
Omisión de protección: Desatención generalizada por parte de los mandos del sistema penitenciario federal para garantizar condiciones de vida dignas y seguras.
La demanda de la Comisión Independiente se suma a un historial de exigencias comunitarias y de organizaciones civiles que señalan al penal de Coatlán del Río como una zona de constante riesgo institucional, donde la reclusión se ha convertido en sinónimo de la supresión absoluta de las garantías fundamentales.