Tiempos Modernos: Claudia, primer paso para obtener justicia
Hace un año asumí la responsabilidad de presidir la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos con una convicción muy clara: una institución que protege derechos debe estar donde están las personas, escuchar sus voces, comprender sus realidades y construir soluciones junto con ellas.
Con esa visión iniciamos un proceso que marcó el rumbo de este primer año de gestión: recorrer los 36 municipios del estado para abrir espacios de diálogo con comunidades, autoridades, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras, colectivas, academia y ciudadanía. Los Diálogos Regionales y Municipales de Derechos Humanos no fueron únicamente una serie de encuentros; fueron el punto de partida para transformar la manera en que la Comisión se relaciona con la sociedad.
Escuchar implica reconocer que nadie conoce mejor los desafíos de una comunidad que quienes los viven todos los días. Por ello, más de 2,400 personas participaron en la construcción de la Agenda Pública de Derechos Humanos de Morelos 2025-2028, acompañada por cientos de encuestas de percepción y de diagnóstico, además de módulos itinerantes de asesoría jurídica que acercaron la atención institucional a distintos municipios.
El resultado es una hoja de ruta colectiva que identifica prioridades y establece siete líneas estratégicas para fortalecer el acceso a la justicia, la atención a víctimas, la inclusión, la educación en derechos humanos, la participación de la población y la coordinación entre instituciones. Es, sobre todo, un compromiso para colocar la dignidad humana en el centro de las decisiones públicas.
Este ejercicio también permitió fortalecer la colaboración con organismos nacionales e internacionales. Contar con el acompañamiento de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos confirmó que las mejores políticas públicas son aquellas que nacen del diálogo social y se construyen con estándares internacionales, pero también con profundo conocimiento del territorio.
La cercanía no se construye únicamente con presencia; requiere también sumar voluntades. Durante este primer año suscribimos 119 convenios de colaboración con ayuntamientos, instituciones educativas, organizaciones civiles y diversos actores sociales. A partir de estas alianzas nacieron dos mecanismos permanentes de trabajo conjunto: la Red de Personas Servidoras Públicas Defensoras de Derechos Humanos y la Red de Organizaciones Promotoras de Derechos Humanos, que hoy fortalecen la coordinación entre instituciones y sociedad.
Pero la defensa de los derechos humanos también exige presencia en los momentos más complejos. La Comisión acompañó las labores de exhumación en el Panteón Pedro Amaro de Jojutla, vigilando que cada actuación se desarrollara con legalidad, respeto y sensibilidad hacia las familias de personas desaparecidas. Estuvimos presentes porque el derecho a la verdad y a la justicia no admite indiferencia.
De la misma manera, acompañamos movilizaciones sociales, marchas por los derechos de las mujeres, de la diversidad sexual, colectivos de búsqueda, movimientos estudiantiles y expresiones ciudadanas. Nuestra función nunca ha sido intervenir en las causas de las manifestaciones, sino observar el actuar de las autoridades, prevenir violaciones a derechos humanos y garantizar que el ejercicio de la libre expresión y la protesta pacífica se desarrollen en condiciones de respeto y seguridad.
La experiencia acumulada durante estos procesos permitió construir herramientas institucionales que hoy fortalecen la capacidad de respuesta de la Comisión. Se elaboraron protocolos para el acompañamiento en protestas sociales, la atención a personas de la diversidad sexual, la participación de niñas, niños y adolescentes en procedimientos institucionales y la actuación en procesos de exhumación e identificación humana. Estos instrumentos representan un paso importante hacia una atención más especializada y preventiva.
También fortalecimos la supervisión del sistema penitenciario estatal mediante acompañamientos permanentes a operativos en los Centros de Reinserción Social y la elaboración del Diagnóstico Estatal de Reinserción Social 2025, convencidos de que los derechos humanos pertenecen a todas las personas, sin excepción.
Paralelamente impulsamos iniciativas legislativas orientadas a fortalecer la igualdad y la no discriminación, proponiendo el reconocimiento explícito de la identidad de género y de las personas trans como categorías protegidas en la Constitución local, así como reformas para garantizar servicios de salud más dignos e inclusivos para la población de la diversidad sexual.
Sin embargo, ninguna estrategia institucional tendría sentido si no se reflejara en la atención cotidiana a las personas.
Durante este primer año miles de personas acudieron a la Comisión en busca de orientación, acompañamiento o defensa de sus derechos. Cada gestión, cada conciliación y cada recomendación emitida representan historias concretas de personas que encontraron una institución dispuesta a escuchar y actuar.
Se brindó atención a 1,609 personas usuarias, se realizaron 417 gestiones y canalizaciones institucionales, se recibieron 270 quejas, y se emitieron 23 recomendaciones orientadas a la restitución y protección de los derechos humanos.
Asimismo, mediante mecanismos alternativos de solución de controversias, 35 asuntos encontraron solución a través del diálogo y la construcción de acuerdos. Cada conciliación representa un conflicto resuelto de manera más cercana, ágil y efectiva para las personas involucradas.
La prevención también ha sido una prioridad. Más de 37 mil personas participaron en cursos, talleres, conferencias y actividades de promoción de derechos humanos realizadas en los 36 municipios del estado. Apostar por la educación significa construir una cultura donde el respeto, la igualdad y la dignidad sean valores compartidos y no solamente principios jurídicos.
Fortalecimos el Premio Estatal de Derechos Humanos al nombrarlo por primera vez "Modesta Lavana Pérez", reconociendo el legado de una mujer indígena que dedicó su vida a la defensa de la identidad y la dignidad de los pueblos originarios. En esta edición, el reconocimiento fue otorgado al Dr. Alfonso Leija Salas, por más de cuarenta años de labor humanitaria y comunitaria a favor de personas y comunidades históricamente discriminadas
Asimismo, se incorporó, por primera vez, una convocatoria dirigida a artistas y personas artesanas de Morelos para el diseño de la estatuilla oficial del Premio, fortaleciendo el vínculo entre la promoción de los derechos humanos y la identidad cultural del estado, la artista ganadora fue Miriam Aguilar Romero.
Este primer año deja una enseñanza clara: los derechos humanos no se fortalecen únicamente desde los escritorios. Se construyen caminando el territorio, dialogando con las comunidades, escuchando a quienes durante mucho tiempo no fueron escuchados y generando alianzas que trasciendan los periodos administrativos.
Aún queda mucho por hacer. Los desafíos que enfrenta Morelos son complejos y requieren instituciones abiertas, cercanas y comprometidas. Pero hoy existe una ruta construida de manera colectiva que permite mirar hacia adelante con mayor claridad.
Seguiremos trabajando con la misma convicción con la que iniciamos este camino: hacer de la Comisión una institución presente, útil y cercana, porque cuando los derechos humanos se construyen desde el territorio, la dignidad de las personas deja de ser un discurso para convertirse en una realidad compartida.
En Morelos, todos los derechos para todas las personas.
Nadxieelii Carranco Lechuga, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.




