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Enfrentan alcaldes de Xoxocotla y Tlaquiltenango riesgo de destitución
31 de octubre de 2026
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12:56
Archivo
Raúl Morales/Quadratin Morelos
Cuernavaca, Mor., 31 de octubre de 2026..- Los presidentes municipales de Xoxocotla, José Carlos Jiménez Ponciano, y de Tlaquiltenango, Enrique Alonso Plascencia, enfrentan solicitudes de destitución ante el Congreso de Morelos por incumplir sentencias relacionadas con el pago de laudos laborales.
El magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Guillermo Arroyo, confirmó que los expedientes de ambos municipios ya fueron remitidos al Poder Legislativo para su análisis.
De acuerdo con el tribunal, Xoxocotla acumula dos expedientes y Tlaquiltenango tres procedimientos activos, todos derivados del incumplimiento de sentencias definitivas por despidos injustificados.
Arroyo advirtió sobre la resistencia de algunas autoridades municipales para acatar las resoluciones judiciales y describió la situación como una “contumacia importante de estos alcaldes”.
Los nuevos casos se suman a los de Zacatepec y Jonacatepec, cuyos gobiernos también enfrentan procedimientos relacionados con el incumplimiento de obligaciones laborales.
En Jonacatepec, el alcalde Israel Andrade Zavala mantiene pendientes pagos derivados de resoluciones judiciales, pese a que durante un trienio anterior fue inhabilitado por un año por incumplimientos de la misma naturaleza.
Ahora corresponderá al Congreso estatal revisar los expedientes y determinar si las solicitudes de destitución se llevan ante el pleno para su resolución.
En contraste, Tepalcingo logró atender sus obligaciones financieras y salió del riesgo de destitución. Tlaltizapán también resolvió favorablemente un procedimiento de esta naturaleza.
El magistrado presidente del TJA estimó que 90 por ciento de los 36 municipios de Morelos muestra disposición para liquidar sus adeudos; sin embargo, señaló que entre cuatro y cinco alcaldes mantienen resistencia para cumplir las resoluciones del tribunal.
La acumulación de laudos laborales continúa representando un problema para las administraciones municipales, debido a que el incumplimiento de sentencias puede derivar en procedimientos que ponen en riesgo la permanencia de los presidentes municipales en el cargo.
