Encabeza Poder Judicial lista de sueldos dorados en Morelos

CUERNAVACA, Mor., 14 de abril del 2026.- En medio del debate nacional sobre la austeridad republicana y el cumplimiento del "Plan B", la estructura salarial en el estado de Morelos evidencia una marcada disparidad. Los ingresos más altos de la administración pública no se concentran en el Poder Ejecutivo, sino en el Poder Judicial y los organismos autónomos, donde las percepciones superan con amplitud los 140 mil pesos mensuales.

En la cúspide de la pirámide presupuestal se ubica el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), con un salario de 161 mil 77 pesos. Le siguen de cerca los integrantes del Órgano de Administración Judicial y magistrados del sistema penal, quienes perciben ingresos superiores a los 144 mil pesos mensuales.

Autónomos por encima del Ejecutivo

El análisis de los tabuladores revela que los cargos técnicos y jurisdiccionales han quedado blindados frente a los ajustes salariales aplicados en otras áreas. Entre los sueldos más elevados destacan:

• Tribunal de Justicia Administrativa: Su presidente percibe más de 149 mil pesos.
• Tribunal para Adolescentes: La magistrada titular alcanza los 148 mil pesos.
• IMPEPAC: El consejero presidente tiene un ingreso superior a los 144 mil pesos.
• Tribunal Electoral: Sus magistrados oscilan entre los 121 mil y 134 mil pesos.

En contraste, la titular del Poder Ejecutivo estatal, Margarita González Saravia, reporta un ingreso mensual de 109 mil 498 pesos, lo que la sitúa por debajo de al menos una decena de funcionarios de los poderes Judicial y Autónomos.

La brecha con el Legislativo

La diferencia es aún más drástica al comparar estas cifras con el Poder Legislativo. Un diputado local en Morelos percibe aproximadamente 63 mil pesos mensuales, lo que significa que un magistrado del TSJ gana casi tres veces más que un representante popular.

Este panorama de "sueldos dorados" se presenta en un contexto donde el Gobierno del Estado ha anunciado una revisión exhaustiva para que ningún funcionario estatal gane más que la presidenta de la República, lo que anticipa una posible confrontación jurídica con los organismos que defienden su autonomía financiera.