Columna Descomplicado/Jorge Robledo
Hablar del derecho a la salud también exige preguntarnos qué ocurre cuando la medicina ya no puede ofrecer una curación. ¿Quién debe decidir sobre los tratamientos que recibimos si una enfermedad nos impide expresar nuestra voluntad? ¿Hasta dónde puede intervenir el personal médico sin desconocer nuestras convicciones? Son interrogantes que conciernen a la autonomía personal y a una dimensión de la dignidad humana pocas veces abordada en la conversación pública: la posibilidad de elegir, de manera libre e informada, la atención que deseamos recibir al final de la vida. En ese terreno se inscribe la voluntad anticipada, un instrumento jurídico que permite establecer previamente determinadas disposiciones médicas para evitar intervenciones desproporcionadas y procurar una asistencia respetuosa de los deseos del paciente.
Conviene distinguir esta figura de otras prácticas con las que suele confundirse. La voluntad anticipada no tiene por objeto provocar ni acelerar deliberadamente la muerte. Su finalidad es evitar la obstinación terapéutica, respetar el curso natural de una enfermedad terminal y asegurar el acceso a los cuidados paliativos. Estos últimos comprenden mucho más que el alivio del dolor físico: incluyen atención psicológica, acompañamiento familiar y medidas destinadas a preservar la calidad de vida. La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO reconoce la importancia de la autonomía y del consentimiento informado, principios que deben orientar toda intervención sanitaria. La dignidad de una persona no desaparece cuando se agotan las posibilidades de curación.
La dimensión del problema trasciende nuestras fronteras. De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 56.8 millones de personas necesitan cuidados paliativos cada año y únicamente el 14 por ciento recibe esa atención. Estas cifras, de alcance mundial, muestran una brecha que los sistemas sanitarios deben atender. En México, el Título Octavo Bis de la Ley General de Salud, incorporado en 2009, reconoce derechos específicos de quienes padecen una enfermedad en situación terminal, entre ellos recibir información suficiente, otorgar o negar su consentimiento a determinados tratamientos y acceder a servicios paliativos. El artículo 166 Bis 4 establece, además, la posibilidad de expresar por escrito decisiones anticipadas sobre la atención médica. No hablamos, por tanto, de una aspiración abstracta, sino de prerrogativas reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico.
La experiencia de la Ciudad de México, pionera en regular esta materia en 2008, permite dimensionar el interés social que ha despertado este mecanismo. Según información de su Secretaría de Salud Pública, hasta marzo de 2026 se habían suscrito 27 mil tres documentos de voluntad anticipada. La cifra es significativa porque representa decisiones personales formalizadas antes de que una eventual incapacidad impida manifestarlas. Sin embargo, el número de instrumentos otorgados no basta para evaluar el cumplimiento de este derecho. También importa saber si los hospitales cuentan con personal capacitado, si los procedimientos son comprensibles y si las instrucciones asentadas en el expediente clínico se respetan efectivamente.
Este debate ha comenzado a ocupar un lugar relevante en la agenda de los organismos públicos de derechos humanos. Durante la LXIV Sesión Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), celebrada el pasado 5 de noviembre, se presentó la iniciativa conocida como Ley Trasciende, impulsada por la Coalición Muerte Digna ¡Ya! Su exposición abrió un espacio de reflexión sobre las distintas dimensiones jurídicas y bioéticas del final de la vida. Es importante precisar que dicha propuesta pertenece a un debate legislativo diferente del régimen vigente de voluntad anticipada. Para las instituciones encargadas de proteger derechos fundamentales, abordar estas cuestiones requiere rigor, sensibilidad y disposición al diálogo, sin confundir figuras jurídicas ni anticipar conclusiones sobre asuntos que demandan una deliberación pública informada.
En Morelos contamos desde el año pasado con un instrumento propio. La Ley de Voluntad Anticipada en Materia de Salud para las Personas en Situación Terminal fue publicada el 28 de mayo de 2025 en el Periódico Oficial Tierra y Libertad y entró en vigor al día siguiente. Su artículo 8 permite que cualquier persona mayor de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, manifieste por escrito y ante dos testigos su decisión respecto de tratamientos que pudieran constituir obstinación terapéutica si llegara a encontrarse en situación terminal y no pudiera expresar su voluntad. La legislación contempla mecanismos para dotar de certeza jurídica a esa determinación, incluida la intervención de fedatarios y autoridades municipales en los supuestos previstos, así como su incorporación al expediente clínico. Se trata de una manifestación personal que, conforme al artículo 24, puede revocarse en cualquier momento.
El reconocimiento normativo, sin embargo, no garantiza por sí mismo su ejercicio. A más de un año de la entrada en vigor de esta ley estatal, resulta necesario conocer qué medidas se han adoptado para hacerla operativa: si existen procedimientos claros en las unidades médicas, qué capacitación ha recibido el personal sanitario y de qué manera se informa a la población sobre sus posibilidades de acceso. El propio marco jurídico prevé responsabilidades para las autoridades de salud y disposiciones relativas a la atención de pacientes terminales, incluida la prestación de servicios domiciliarios conforme a los lineamientos aplicables. La distancia entre lo dispuesto en la norma y su aplicación cotidiana es, precisamente, uno de los ámbitos en los que la vigilancia de los derechos humanos adquiere especial importancia.
Desde la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos sostenemos que la autonomía debe ser respetada también durante los procesos de enfermedad avanzada. Ello exige garantizar información médica comprensible, consentimiento libre de presiones, confidencialidad y acceso efectivo a cuidados paliativos, sin discriminación por edad, discapacidad, condición económica o lugar de residencia. Corresponde a las instituciones sanitarias, a las autoridades competentes y a los municipios, en el ámbito de sus atribuciones, acercar esta herramienta a la ciudadanía y asegurar que su aplicación no dependa del nivel educativo, los recursos disponibles o la capacidad de una familia para sortear trámites administrativos.
La voluntad anticipada nos invita, finalmente, a reconocer una verdad sencilla: la capacidad de decidir sobre nuestra propia vida merece respeto incluso cuando la enfermedad limita nuestras posibilidades de actuar. Una sociedad comprometida con los derechos humanos debe procurar que nadie enfrente el sufrimiento evitable por falta de atención y que ninguna persona pierda su voz frente a decisiones médicas que afectan profundamente su existencia. El derecho a una atención digna al final de la vida comienza mucho antes de ese momento: comienza cuando escuchamos, informamos y respetamos la voluntad de cada persona.




