Bajo el volcán: Las primas
Durante su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, celebrado en Shenzhen, China, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante representantes empresariales de las principales economías de la región una visión del desarrollo integral de México que provocó mucho interés.
El Plan México contempla inversiones públicas, privadas y mixtas por 432 mil millones de dólares en infraestructura distribuida durante el sexenio. Entre sus proyectos se encuentran la ampliación de la capacidad de generación eléctrica, la construcción de trenes de pasajeros, inversiones en agua y el fortalecimiento de la infraestructura productiva del país.
Pero hay un aspecto de esta política económica que considero especialmente importante: la relación entre el crecimiento y el bienestar de la población. Durante muchos años se sostuvo que primero había que generar riqueza y después esperar a que sus beneficios llegaran al resto de la sociedad. La visión que hoy presenta la presidenta Claudia Sheinbaum propone que el crecimiento económico y la justicia social formen parte de una misma política de desarrollo.
De acuerdo con las cifras del Banco Mundial presentadas por el Gobierno de México, entre 2018 y 2026 la población en situación de pobreza pasó de 43.9 a 26.6 millones de personas. Una reducción de 17.3 millones de personas que salieron de la pobreza, lo que permite dimensionar la importancia de las políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de las familias con alto rezago socioeconómico.
El incremento del salario mínimo, la recuperación del poder adquisitivo y la ampliación de los programas sociales forman parte de ese proceso. Sus efectos deben analizarse no solamente desde los indicadores económicos, sino desde las condiciones materiales de vida de la población.
Esta es una de las discusiones más importantes que la presidenta ha colocado en la agenda económica: la inversión y el crecimiento son indispensables, pero su relevancia también debe medirse por la capacidad de generar empleos, mejorar los salarios y ampliar las oportunidades de bienestar.
Durante décadas, la política social fue presentada como una cuestión separada de las decisiones económicas. Por un lado se discutían la inversión, la productividad y las finanzas públicas; por otro, los apoyos destinados a la población. Esa separación dejó de lado una cuestión fundamental: el ingreso de las familias también determina la fortaleza del mercado interno y las posibilidades de desarrollo de un país.
La perspectiva social que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum reconoce esa relación. Las pensiones para personas adultas mayores, las becas educativas y los programas de apoyo a las mujeres forman parte de una política que busca ampliar la protección social y fortalecer la capacidad económica de los hogares.
En particular, me parece relevante que la presidenta haya llevado esta discusión a un foro internacional de carácter económico. Frente a representantes empresariales e inversionistas, México presentó proyectos de infraestructura y oportunidades de inversión, pero también sostuvo que el bienestar de la población debe ser un criterio para evaluar los resultados del crecimiento.
Esta visión no desconoce la importancia de la iniciativa privada ni de la inversión productiva, por el contrario, plantea la necesidad de articular los esfuerzos públicos y privados con objetivos nacionales de desarrollo, generación de empleo y fortalecimiento de la economía.
El desafío consiste en mantener esa relación en el tiempo. Los avances en los ingresos deben acompañarse de empleos formales, acceso a derechos, servicios públicos y condiciones que permitan a las familias sostener y mejorar su nivel de vida.
Por eso, los programas sociales no deben entenderse como medidas aisladas. Su importancia está vinculada con una concepción más amplia de la responsabilidad del Estado frente a las desigualdades económicas y sociales.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha colocado esta perspectiva en el centro de su propuesta de desarrollo: un país que atraiga inversiones, fortalezca su infraestructura y aumente su capacidad productiva, sin perder de vista a las personas que deben beneficiarse de ese crecimiento.
La participación de México en China permitió exponer esa visión ante las economías más importantes del mundo. Es significativo que, al hablar del futuro económico del país, la presidenta haya incorporado el bienestar social como parte sustantiva de su planteamiento.
El desarrollo de México requiere inversión, infraestructura, productividad y estabilidad económica. Pero también una política pública capaz de traducir esos avances en mejores condiciones de vida para la población.
Esa es la discusión de fondo: el crecimiento económico adquiere sentido social cuando sus beneficios llegan a las familias y contribuyen a reducir las desigualdades.
*Javier Bolaños es egresado del Instituto Politécnico Nacional, con larga trayectoria en la función pública y experto en gestión hídrica.