Desinformación, derechos humanos y la fragilidad de lo público

La vida democrática se sostiene en algo tan esencial como invisible: la confianza.

Cuando esa confianza se rompe —especialmente a través de la distorsión deliberada de la realidad— no solo se genera confusión, se debilita el ejercicio mismo de los derechos humanos.

Los recientes episodios de tensión social en Morelos, derivados de información inexacta sobre la Ley del Servicio Civil y el sistema de pensiones, no son un hecho aislado ni un simple conflicto gremial. Son la expresión local de un problema global: la desinformación como herramienta que erosiona la vida pública, debilita la democracia y limita la capacidad de las personas para tomar decisiones libres.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su 61.º período de sesiones (Ginebra, 2026), presentó el informe “El impacto de la desinformación en el disfrute y la realización de los derechos humanos”. Su conclusión es contundente: la desinformación no es ruido, es una amenaza estructural. Afecta derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información veraz y la participación en los asuntos públicos.

Este tipo de prácticas —provenientes tanto de actores estatales como no estatales— buscan manipular la conversación pública, sembrar incertidumbre y debilitar la capacidad de las personas para formarse una opinión informada.

Lo ocurrido en Morelos ilustra con claridad estos mecanismos. La difusión de datos falsos sobre la situación laboral de trabajadores del Estado no fue un error: respondió a patrones conocidos. Se utilizaron cifras con apariencia de precisión para generar credibilidad, se creó una sensación de urgencia que impidió verificar la información y se amplificó el mensaje para normalizar el miedo y erosionar la confianza en las instituciones.

El derecho a la verdad: base de todos los demás derechos

La discusión sobre desinformación no es solo un tema de comunicación; es, ante todo, un tema de derechos humanos.

El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce la libertad de expresión y el derecho a buscar y recibir información. El artículo 25 protege la participación en los asuntos públicos. En México, el artículo 6º constitucional garantiza el acceso a información veraz. Estos derechos no son abstractos: son las condiciones que permiten a las personas decidir con libertad.

La desinformación altera ese proceso. Cuando alguien toma decisiones con base en información falsa, su libertad está siendo manipulada. Lo que parece una elección propia es, en realidad, una decisión condicionada.

Y esto tiene consecuencias reales. Afecta a la trabajadora que teme por su pensión, a la madre preocupada por la seguridad de sus hijos, al ciudadano que enfrenta incertidumbre sobre su patrimonio. La desinformación no es un concepto abstracto: impacta vidas concretas.

Además, no afecta a todas las personas por igual. Golpea con mayor fuerza a quienes tienen menor acceso a fuentes confiables, menor experiencia para analizar información o viven en contextos de desconfianza institucional. Ahí encuentra terreno fértil.

Una ciudadanía informada como defensa frente a la desinformación

El informe de la ONU es claro: la solución no es únicamente tecnológica, es, sobre todo, social y educativa. La defensa más efectiva frente a la desinformación es una ciudadanía informada, capaz de cuestionar, contrastar y decidir con criterio propio. Esto implica fortalecer el pensamiento crítico, impulsar el periodismo independiente, exigir mayor transparencia a las plataformas digitales y construir puentes de colaboración entre sociedad, medios e instituciones.

Desarrollar estas capacidades no ocurre de un día para otro. Es un proceso continuo que requiere compromiso público y participación ciudadana. Los datos lo confirman: aunque muchas personas desconfían de las redes sociales como fuente de información, esa misma desconfianza puede convertirse en una herramienta poderosa si se traduce en hábitos de verificación y análisis. Ahí comienza la verdadera defensa: en la capacidad de cada persona para distinguir entre información y manipulación.

Asumimos el compromiso de actuar cuando la desinformación vulnere derechos, de exigir comunicación pública clara y verificable, y de acompañar a la ciudadanía en el desarrollo de herramientas para navegar un entorno informativo cada vez más complejo.

En la CDHM tenemos claro que la integridad de la información es la base de todos los derechos. Por eso, verificar antes de compartir no es solo una buena práctica: es un acto de responsabilidad social.

Antes de difundir cualquier información, vale la pena hacerse tres preguntas simples: ¿quién lo dice?, ¿cuándo se publicó?, ¿existe una fuente oficial que lo confirme? Si no hay respuestas claras, no se comparte.

Proteger la verdad es proteger nuestra libertad.

En Morelos, todos los derechos, para todas las personas.