Desde el privilegio… y sin filtros

La reciente y fallida propuesta de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para adelantar el cierre del ciclo escolar al 5 de junio bajo el banal argumento de facilitar las operaciones logísticas para el mundial de futbol (y luego el añadido de los inconvenientes provocados por las olas de calor), dejó al descubierto, una vez más, el hecho de que la educación en México sigue administrándose desde la más simple lógica burocrática, desconectada de las profundas desigualdades sociales que atraviesan al país.

Aunque finalmente la autoridad educativa no tuvo más que “echarse pa’ tras” y mantener el calendario oficial hasta el 15 de julio, la propuesta y sus argumentos de defensa evidencian una preocupante falta de planeación pública. Lo que parece solo una mala ocurrencia, muestra cómo el Estado continúa tomando decisiones sin dimensionar sus efectos sociales, económicos y laborales.

Sin embargo, la propuesta también reiteró algo importante: México no vive una sola realidad, pero quienes toman decisiones solo miran una –o dos, cuando una segunda les conviene– y la miran desde su privilegio. En distintas regiones del país, especialmente donde las temperaturas extremas convierten las aulas en espacios asfixiantes y peligrosos, hubo familias y docentes que se mostraron a favor de la propuesta. Y claro, se entiende: miles de escuelas carecen de infraestructura adecuada y ventilación. Mantener a niñas y niños durante horas en esas condiciones atenta contra su bienestar y sus condiciones de aprendizaje. Pero, en lugar de mejorar las condiciones, adelantemos las vacaciones.

El problema de fondo no es únicamente la propuesta en sí, sino la ligereza con la que se planteó. Decisiones sin contexto y sin voluntad para conocerlo. Y es que, lo que para algunas familias podría representar una medida de protección ante el calor extremo, para otras significa una crisis de cuidados, de ingresos y de organización de la vida cotidiana.

Aunque Mario Delgado lo diga como si fuera algo despectivo y con lo que pudiera ofender a las madres y padres de familia, las escuelas no son solamente espacios de aprendizaje, son espacios de cuidado, es decir, son infraestructura indispensable para el funcionamiento diario del país. Recortar cuarenta días de clases implica trasladar la carga del cuidado infantil a los hogares y en términos reales, sobre las mujeres. Mujeres que son la gran mayoría: madres trabajadoras y, de estas, mujeres que laboran en la informalidad, sin horarios flexibles ni redes de apoyo. Reajustar la vida así como así solo porque “la escuela no es guardería”, significa para muchas personas (muchas mujeres) perder ingresos, arriesgar el empleo o dejar a sus hijos(as) en casa sin nadie que les cuide.

La propuesta también nos recordó la vulnerabilidad laboral de muchos docentes del sector privado. Quienes laboran en escuelas particulares suelen hacerlo bajo contratos temporales o esquemas ligados al calendario escolar. Quitar seis semanas significa para esta población mes y medio menos de salario.

De la mano con todo lo anterior, algo muy preocupante es el mensaje político. Modificar el ciclo escolar por razones logísticas revela que, para ciertos tomadores de decisión, la educación es tan solo una variable de ajuste y no un derecho humano. Las políticas educativas no pueden diseñarse bajo la improvisación ni tampoco esperando resultados homogéneos en un país tan desigual. En lugar de estar preocupados por el Mundial, podrían dotar a las escuelas con infraestructura adecuada para enfrentar el calor extremo, institucionalizar sistemas de cuidados eficientes y proveer de condiciones laborales dignas para quienes enseñan.

Detrás de cada calendario escolar hay familias organizando su supervivencia, docentes intentando obtener un ingreso digno y millones de niñas y niños ejerciendo un derecho que no debería estar sujeto a un evento de élite y del que, además, los países anfitrión no recuperan su inversión.