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Foto: Erick Abraján/Quadratín Morelos

Derechos y obligaciones para las personas privadas de la libertad: TSJ

Erick Abraján/Quadratín Morelos
 
| 09 de octubre de 2018 | 15:49
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CUERNAVACA, Mor., 9 de octubre 2018.- Con la Nueva Ley de Ejecución Penal publicada el 16 de junio de 2016, operadores del Poder Judicial propusieron un plan de actividades para que la Persona Privada de su Libertad (PPL), esté vinculado a la educación, la salud, el deporte y otras actividades que le permitan tener un desarrollo de su personalidad durante su periodo de reclusión, informó Gerardo Augusto Manrique López, Defensor Público Federal en Morelos.

Antes, el plan de actividades se denominaba programa de tratamiento y tenía la finalidad que la PPL demostrara un avance en su desarrollo moral y psicológico para que de alguna forma fuera reeducado, reprogramado y readaptado, explicó también el coautor del libro Sistema de justicia de ejecución penal.

“La propuesta es que la persona privada de su libertad elabore su plan de actividades que va a cumplir en el periodo que esté en prisión, este programa no puede ser impuesto junto con las autoridades penitenciarias, no puede ser impuesto de manera coercitiva ya que es una forma de desarrollo de la propia personalidad”, informó Manrique López.

Una vez que se elaboró el plan de actividades, se le tiene que dar a conocer al juez siempre y cuando no exista oposición de la persona privada de su libertad porque es al cual se va a sujetar cuando esté en reclusión, subrayó.

La ley señala que uno de los requisitos para obtener un beneficio es haber cumplido satisfactoriamente con el plan de actividades, sin embargo, esto no puede ser interpretado con un avance, dijo el defensor Público Federal en Morelos.

“Por ejemplo, si la persona eligió actividades académicas y reprueba una materia, eso no quiere decir que no cumplió con el plan y por ello no saldrá beneficiado, porque no estamos buscando reprogramarlo, sino que se presente en las aulas”, concluyó, lo anterior en el marco del primer encuentro nacional de ejecución penal organizado por el Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos.