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Cuernavaca, Mor., 29 de octubre de 2026.— La concentración de decisiones administrativas en el Órgano de Administración Judicial (OAJ), tras la reforma judicial, abrió un nuevo frente de inconformidad dentro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos. El magistrado Juan Emilio Elizalde cuestionó la autorización de un puente largo por el Día de Muertos y acusó que estas determinaciones se toman sin consultar al Pleno, mientras las afectaciones recaen en quienes buscan acceso a la justicia.
El señalamiento pone sobre la mesa quién decide cuándo suspender actividades en los tribunales y qué peso tiene la opinión de quienes integran el Poder Judicial en decisiones que repercuten en su funcionamiento.
Elizalde recordó que antes de la reforma judicial era el Pleno del Poder Judicial el que determinaba los días de asueto. Ahora, explicó, esa facultad corresponde al OAJ.
Sin embargo, criticó que el órgano administrativo tome decisiones sin consultar a los magistrados ni informarles oportunamente.
“Jamás se consulta y jamás se pregunta cuál es la posición que debemos tener respecto a esto”, afirmó.
El magistrado sostuvo que la inconformidad no se limita al descanso autorizado, sino también a la frecuencia con la que se suspenden las actividades. “Acabamos de regresar de uno, volvemos a entrar a otro”, señaló.
A su juicio, los principales afectados son los justiciables, quienes dependen de los tribunales para dar seguimiento a sus procedimientos y resolver sus asuntos legales.
“Quien le perjudica de manera directa, pues es a los justiciables”, expresó, al considerar que la ciudadanía tiene razones para molestarse por la interrupción de los servicios judiciales.
Elizalde también cuestionó que las decisiones no se comuniquen al Pleno ni a la presidencia del TSJ. La situación exhibe un desacuerdo interno sobre la forma en que se ejerce la autoridad administrativa dentro del Poder Judicial y el margen de participación de sus integrantes.
El magistrado reconoció que no había revisado la circular del OAJ, por lo que no precisó cuántos días de descanso fueron autorizados ni las fechas exactas de la suspensión.
La controversia trasciende así el puente por el Día de Muertos: pone en discusión la rendición de cuentas y la coordinación entre los órganos del Poder Judicial, así como la responsabilidad de garantizar que las decisiones administrativas no terminen afectando a las personas que buscan justicia.