Descarta Fiscalía móvil sexual y apunta al robo en caso Claudia Tacoronte
CUERNAVACA, Mor. 03 de junio de 2026.– Nidia Fabiola Blanco Hernández, media hermana del diputado federal Cuauhtémoc Blanco Bravo, envió una carta formal al presidente comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola, para solicitar información sobre la posible relación institucional, comercial o de negocios que el exfutbolista mantiene con el organismo rector del balompié nacional.
En el documento, Nidia Fabiola cuestiona si Blanco Bravo representa verdaderamente los valores de ética, integridad y transparencia que promueve la Federación, al recordar que el exgobernador enfrenta una denuncia penal por el delito de violación en grado de tentativa, interpuesta por ella misma ante la Fiscalía General del Estado de Morelos.
La denunciante fundamenta su reclamo en la visión institucional de la FMF respecto a la rendición de cuentas, y señala que el legislador ha mantenido una presencia activa en eventos vinculados al futbol mexicano, como el partido amistoso entre las selecciones de México y Brasil celebrado en abril pasado en Monterrey, Nuevo León.
A lo largo de la misiva, Blanco Hernández solicita explícitamente que la FMF precise si existe algún vínculo formal o informal entre Cuauhtémoc Blanco y la organización, así como con empresas filiales relacionadas con el futbol profesional en México. Pregunta de manera directa si una persona señalada por delitos graves y presuntos actos de corrupción puede ser considerada afín a los valores de la institución.
Cabe recordar que, derivado de la acusación penal, la Fiscalía de Morelos promovió una solicitud de juicio de procedencia (desafuero) ante la Cámara de Diputados para que el exfutbolista pudiera enfrentar el proceso sin la protección de la inmunidad constitucional.
Sin embargo, el procedimiento fue desechado por la mayoría de los diputados federales, quienes determinaron mantenerle el fuero al exmandatario morelense, permitiéndole continuar en su cargo legislativo. Con esta carta, la denunciante busca que las instituciones privadas también fijen una postura clara sobre la situación legal de su agresor.