Cuestiona diputado falta de transporte y empleo para personas con discapacidad

Cuernavaca, Mor., 28 de septiembre de 2026.- El diputado Alberto Sánchez Ortega, presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad del Congreso de Morelos, cuestionó la falta de atención a las necesidades y derechos de las personas con discapacidad en el estado.

Previo al evento protocolario de toma de protesta del Comité Directivo de la Alianza Morelenses de Organizaciones a Favor de los Derechos de las Personas con Discapacidad, integrada por 23 agrupaciones, el legislador señaló que persisten deficiencias principalmente en materia de transporte público y oportunidades laborales.

Sánchez Ortega sostuvo que la movilidad para las personas con discapacidad en el transporte público con itinerario fijo es prácticamente inexistente en Morelos.

“Para decir una palabra, pues es nulo”, afirmó al referirse a las condiciones actuales del transporte público para este sector.

Piden oportunidades laborales

El legislador también señaló que no existe una política pública que, desde su perspectiva, permita una mayor integración de las personas con discapacidad al mercado laboral. Planteó la necesidad de generar incentivos fiscales para las empresas que contraten a personas con discapacidad, como una medida para ampliar sus oportunidades de empleo.

Sánchez Ortega cuestionó además la percepción de que las personas con discapacidad tienen limitaciones para desempeñar determinadas actividades laborales.

“Se sorprenderían si le dieran la oportunidad”, afirmó.

El diputado sostuvo que existen personas con discapacidad capacitadas y profesionales que pueden desempeñarse tanto en el servicio público como en la iniciativa privada.

Añadió que las oportunidades laborales deben contemplar también puestos de responsabilidad y no limitarse a determinadas actividades.

El legislador recordó que durante la pasada Legislatura se aprobó una nueva Ley en la materia y señaló que el reto ahora es avanzar en su aplicación y en políticas públicas que garanticen los derechos de las personas con discapacidad.