Acuerdan acciones con municipios para proceso electoral local
CUERNAVACA, Mor., 23 de enero de 2026.- El pago de pensiones se ha convertido en una de las principales cargas financieras del Ayuntamiento de Cuernavaca. De acuerdo con cifras oficiales, el municipio destina 458 millones de pesos anuales a este rubro, lo que representa más del 20 por ciento de su presupuesto total, estimado en 2 mil 246 millones de pesos.
En otras palabras, uno de cada cinco pesos del gasto municipal se utiliza para cubrir pensiones, una situación que ocurre mientras la ciudad enfrenta rezagos en servicios públicos, infraestructura urbana y atención ciudadana.
El impacto del gasto pensionario se acentúa al revisar los montos individuales. Al menos cinco exfuncionarios reciben pensiones superiores a los 64 mil pesos mensuales. Tres de ellas ascienden a 69 mil pesos, correspondientes a Arturo Jiménez Hernández (coordinador general), Víctor Hugo Valdés Ortiz (secretario) y Francisco Damián Pedroza (consejero jurídico). A estos se suman María Guadalupe Ortega Rojas, con 65 mil pesos, y Marco Antonio Manzo Godínez, con 64 mil pesos mensuales, ambos fueron directores de área.

Además, una cantidad considerable de exservidores públicos percibe pensiones que van de 30 mil a 59 mil pesos mensuales, como: Debendranath Salazar (hermano de Rabindranath Salazar, se pensionó como subsecretario) con 35 mil pesos; Jorge Olivarez Brito (extitular de la Comisión de Derechos Humanos, pensionado como oficial mayor), con 54 mil pesos; Francisco León y Vélez (secretario) con 42 mil pesos; Rogelio Sánchez Gatica (exalcalde suplente y pensionado como secretario), con 35 mil pesos, entre otros de los cuales son cifras que contrastan con los ingresos promedio de la población y con las condiciones laborales de nuevos trabajadores municipales, quienes difícilmente accederán a prestaciones similares.
Aunque todas las pensiones fueron otorgadas conforme al marco legal vigente y los beneficiarios cumplieron con los requisitos establecidos, el caso de Cuernavaca exhibe un sistema pensionario oneroso y financieramente insostenible, que compromete recursos públicos a largo plazo y limita la capacidad del gobierno municipal para atender necesidades prioritarias.
El elevado costo de las pensiones vuelve a colocar en el centro del debate la urgencia de revisar y reformar los esquemas pensionarios municipales, ante el riesgo de que el peso de compromisos heredados continúe hipotecando el futuro financiero de la ciudad.




