Columna Descomplicado/Jorge Robledo

La caída de la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, era inevitable. Tenía tres opciones: la renuncia, que fue el camino elegido; el desafuero o juicio político y la cárcel, en caso de acreditarse delitos como peculado, cohecho o soborno, operación con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y uso ilícito de atribuciones y facultades, entre otros.

Todo empezó con la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a empresas proveedoras del INE. Delitos como lavado de dinero, simulación de competencia y triangulación de recursos.

Las indagatorias de la UIF apuntaron a unas ocho empresas proveedoras del INE ligadas a los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, quienes obtuvieron contratos por 197 millones de pesos para la elección judicial.

Empresas que están bajo la mira son Cajas Graf, TOL Producciones, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora Grupo Selati.

El caso se hizo más grave al descubrirse que operadores y apoderados legales de las empresas estaban en la estructura interna del INE. También se exhibieron videos y fotografías de convivencias íntimas y fiestas privadas entre Guadalupe Taddei y el dueño de estas empresas, o el video viral que exhibe al hijo de la ex presidenta del INE disfrutando en un lujoso hotel europeo, con la frase: “París a tus pies”.

Las investigaciones apuntan a que la red de influencia alcanzó a diversos Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), generando contratos por más de 60 millones de pesos en estados como Sonora, Quintana Roo, Coahuila, Veracruz y el Estado de México.

Lo grave del caso, no solo radica en probable favoritismo y si hubo dinero público que llegó a los bolsillos de la autoridad electoral o de varios funcionarios del INE, sino en el impacto directo a la integridad del sistema democrático y la seguridad nacional.

La pérdida de confianza en el árbitro electoral es, sin duda, una de las mayores afrentas provocadas por el caso ya bautizado como el Taddeigate, sobre todo por el camino cuesta arriba que la democracia mexicana ha transitado a lo largo de la historia.

El INE entra en una etapa decisiva. La sucesión en su presidencia y el esclarecimiento de las contrataciones serán pruebas indispensables y palpables de la capacidad del Instituto para someterse a controles, corregir fallas y, sobre todo, preservar su independencia.