Vinculan a proceso a hombre por abuso sexual agravado en Xoxocotla
Cuernavaca, Mor., 1 de septiembre de 2026.-La Secretaría de las Mujeres de Morelos, encabezada por Clarisa Gómez Manríquez, prepara un acuerdo con la Secretaría de Educación para que las universidades del estado homologuen sus protocolos de atención a casos de violencia sexual y acoso.
Gómez Manríquez informó que ya fueron publicados los Lineamientos para la Atención, Prevención y Erradicación de las Violencias Sexuales en las Instituciones de Educación Superior, documento que, dijo, fue elaborado con la participación de estudiantes, académicas, organizaciones de la sociedad civil y personal del Gobierno estatal.
La funcionaria explicó que uno de los principales objetivos es evitar que cada institución maneje los casos bajo criterios distintos, por lo que se busca establecer una ruta común para atender las denuncias, dar seguimiento a las víctimas y determinar las medidas que correspondan contra los presuntos agresores.
El acoso sexual, señaló, fue identificado como una de las formas de violencia que más se repiten dentro de las universidades, tanto en casos que involucran a docentes como entre estudiantes.
Durante la elaboración de los lineamientos, las estudiantes también plantearon la necesidad de que exista un seguimiento de las denuncias, particularmente porque algunos casos quedan en las unidades de igualdad de género de las propias universidades y, debido a la autonomía de estas instituciones, no siempre existe un acompañamiento posterior.
Uno de los puntos que Gómez Manríquez destacó es que, ante una queja o denuncia, se deberá priorizar la seguridad de la víctima y evitar que tenga que continuar compartiendo espacios con quien es señalado como su agresor.
“Separa al agresor, no a la víctima”, planteó la secretaria, al señalar que durante años se ha optado en algunos casos por cambiar de espacio o aislar a las estudiantes, mientras que los señalados permanecen en sus funciones.
Los nuevos lineamientos contemplan que, cuando exista una denuncia, el señalado pueda ser separado de sus funciones mientras se esclarecen los hechos y, de acreditarse responsabilidades conforme al procedimiento correspondiente, se apliquen las sanciones respectivas, incluida la posible rescisión del contrato.
Gómez Manríquez adelantó que el siguiente paso será establecer un acuerdo con la Secretaría de Educación para que las rectorías de las instituciones de educación superior adopten estos criterios y adecuen sus propios protocolos.
La secretaria sostuvo que el propósito es que las estudiantes tengan una ruta clara para denunciar, reciban seguimiento y no sean obligadas a convivir con sus presuntos agresores durante los procesos de investigación.