Boquete de 700mdp en el TSJ: Recorte asfixia salarios y pensiones

CUERNAVACA, Mor., 26 de marzo de 2026.- El Poder Judicial de Morelos enfrenta una de sus crisis financieras más severas de los últimos años. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Juan Emilio Elizalde Figueroa, reveló que la institución opera con un déficit cercano a los 700 millones de pesos, producto de la disparidad entre el presupuesto proyectado para este 2026 y lo finalmente aprobado por el Congreso del Estado.

De acuerdo con el desglose oficial, el órgano judicial solicitó una partida de 1,500 millones de pesos para garantizar su funcionamiento; sin embargo, el Poder Legislativo solo autorizó cerca de 800 millones, lo que representa un recorte de casi el 50% de los recursos necesarios.

Gasto corriente y nómina en riesgo

Elizalde Figueroa advirtió que el impacto de esta reducción presupuestal no es solo administrativo, sino que afecta directamente el gasto corriente de la institución. Esto incluye:

• El pago de salarios y prestaciones de trabajadores.
• El mantenimiento de servicios básicos en los juzgados.
• La operatividad de las áreas administrativas indispensables para la impartición de justicia.

A esta presión se suma el compromiso creciente del pago de pensiones y jubilaciones para magistrados, jueces y personal administrativo en retiro, una carga financiera que aumenta año con año y que, bajo el techo presupuestal actual, resulta prácticamente insostenible.

La batalla legal por el 4.5%

Ante la falta de respuesta por parte del Legislativo para resarcir este déficit, el magistrado confirmó que el Poder Judicial ha llevado el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante una controversia constitucional.

El recurso legal busca que el máximo tribunal del país ordene al Congreso de Morelos respetar la autonomía financiera del TSJ, asignándole un presupuesto que, según su interpretación técnica, debería rondar el 4.5% del gasto programable del estado. “El impacto abarca todas las áreas; debemos cubrir las obligaciones actuales y prever las de quienes están por concluir su vida laboral”, concluyó el presidente del Tribunal.