Aumentan penas de prisión para funcionarios que discriminen en Morelos 

CUERNAVACA, MORELOS. 01 de junio de 2026.- Los servidores públicos que cometan actos de discriminación en la entidad enfrentarán penas más severas en prisión y la pérdida inmediata de su empleo. La reforma al Código Penal del Estado de Morelos busca frenar los abusos de poder y garantizar que el abuso de funciones con tintes racistas o clasistas sea sancionado de manera directa dentro de las oficinas gubernamentales.

Sanción gradual e inhabilitación

El nuevo decreto modifica el artículo 212 Quáter de la legislación penal, ampliando el catálogo de conductas sancionables. Anteriormente, la ley solo castigaba al funcionario si retrasaba o negaba un trámite por motivos discriminatorios; ahora, la gravedad aplicará para cualquier comportamiento de desprecio o exclusión que cometa el empleado público.

Con este ajuste legal, los jueces locales tendrán la facultad de aumentar la pena original hasta en una mitad. Debido a que el castigo base por el delito de discriminación en Morelos ya contempla de uno a tres años de prisión, la sanción máxima agravada podría alcanzar los cuatro años y medio de cárcel, sumado a la destitución del cargo y la inhabilitación para trabajar en el gobierno.

Respuesta al maltrato institucional

La reforma aprobada por el Congreso del Estado responde a los indicadores de la Encuesta Nacional sobre Discriminación, cuyos datos revelaron que los ciudadanos sufren constantes malos tratos en oficinas de gobierno y hospitales públicos. Los sectores más afectados por esta problemática en la entidad son la población indígena y las personas con discapacidad.

Los legisladores ajustaron el texto definitivo para que el incremento de la sanción penal sea gradual, lo que permitirá a los juzgadores analizar la gravedad y el contexto de cada caso particular. El decreto que endurece los castigos para la burocracia estatal ya entró en vigor de manera oficial en todo el territorio morelense.

"Con esta reforma, los diputados buscan que los grupos vulnerables tengan una verdadera protección jurídica ante el poder. Limitarse a un llamado de atención ante el desprecio institucional es una simulación; ahora el decreto es oficial en todo el territorio."