Analizará SCJN amparo de Morelos sobre aborto

Cuernavaca, Mor., 29 de septiembre de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará un caso originado en Morelos que podría tener repercusiones en la protección de los derechos reproductivos en todo el país. Se trata de un amparo promovido por dos mujeres que impugnaron diversos artículos del Código Penal estatal al considerar que mantienen vigente la posibilidad de sancionar penalmente la interrupción del embarazo.

El asunto forma parte de la Solicitud de Reasunción de Competencia 156/2026, incluida en la lista de la sesión pública del Pleno de la Corte, luego de que el expediente fuera tramitado inicialmente por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con sede en Morelos.

La relevancia del caso radica en que no sólo cuestiona la constitucionalidad de disposiciones penales específicas, sino que también plantea una discusión sobre el alcance de los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes frente a leyes que continúan vigentes pese a los criterios emitidos por tribunales federales y la propia Suprema Corte en los últimos años.

De acuerdo con los antecedentes del litigio, las promoventes argumentaron que la permanencia de diversos artículos del Código Penal genera incertidumbre jurídica y mantiene abierta la posibilidad de investigaciones o sanciones relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo, lo que, a su juicio, afecta derechos como la autonomía reproductiva, la salud, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad.

Un debate que va más allá del Código Penal

La discusión jurídica ocurre en un contexto nacional en el que la Suprema Corte ha establecido que la criminalización absoluta del aborto es incompatible con los derechos reconocidos por la Constitución. Sin embargo, en varias entidades, entre ellas Morelos, aún permanecen disposiciones legales que han sido objeto de cuestionamientos por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos feministas.

El caso también pone sobre la mesa la obligación de los congresos locales de armonizar sus leyes con los criterios constitucionales vigentes. Especialistas en derechos humanos han señalado que mantener normas consideradas inconstitucionales puede generar obstáculos para el acceso efectivo a servicios de salud reproductiva y perpetuar condiciones de discriminación.

Derechos humanos en el centro de la discusión

Más allá del debate legislativo, el expediente aborda temas relacionados con el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su propio cuerpo, el acceso a servicios de salud libres de discriminación y la obligación del Estado de garantizar condiciones para el ejercicio pleno de los derechos fundamentales.

Diversas resoluciones judiciales han sostenido que la sola existencia de normas que contemplan sanciones penales puede producir efectos que trascienden el ámbito jurídico, al generar temor, estigmatización o barreras para acceder a atención médica oportuna.

Por ello, la decisión que adopte la Suprema Corte será observada de cerca por organizaciones civiles, instituciones de derechos humanos, autoridades estatales y colectivos que han impulsado cambios legislativos en la entidad.

Un posible precedente nacional

La intervención de la SCJN mediante la reasunción de competencia suele reservarse para asuntos que presentan relevancia constitucional o social. En este caso, la resolución podría definir criterios sobre la protección judicial de los derechos reproductivos y los alcances que deben tener las entidades federativas para adecuar su legislación a los estándares constitucionales.

Mientras tanto, el caso coloca nuevamente a Morelos en el centro de una discusión nacional sobre derechos humanos, acceso a la justicia y la vigencia de normas penales frente a los criterios establecidos por el máximo tribunal del país.