Admite Corte controversia por presupuesto 2026 de la CDHM

CUERNAVACA, Mor., 18 de marzo de 2026.- La batalla por la autonomía financiera en Morelos ha escalado a nivel federal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional 83/2026, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) en contra del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026.

El recurso legal impugna directamente el Decreto 990, emitido por el Poder Legislativo del Estado, al considerar que diversas disposiciones y anexos del paquete económico vulneran la operatividad y la independencia del organismo defensor de los derechos humanos.

Los puntos bajo la lupa

De acuerdo con el expediente radicado, la CDHM no solo cuestiona el monto global asignado, sino que pone bajo la lupa artículos específicos que regulan la administración del gasto. Entre los puntos impugnados destacan:

• Artículos Primero, Quinto y Sexto: Relativos a la asignación presupuestaria general.
• Artículos Vigésimo y Vigésimo Quinto: Que podrían contener restricciones a la autonomía de gestión.
• Anexo 21: Donde se desglosan partidas específicas que el organismo considera insuficientes o condicionadas.

Esta admisión a trámite significa que un ministro instructor revisará si el Congreso de Morelos incurrió en violaciones constitucionales al momento de aprobar el gasto público, especialmente en lo que respecta a la progresividad de los recursos para la defensa de los derechos humanos.

El conflicto por la autonomía

Esta controversia se suma a la lista de roces entre los organismos autónomos y la LVI Legislatura. Desde la CDHM se ha insistido en que el presupuesto debe garantizar que la institución no sea una "observadora pasiva", sino un ente con capacidad técnica y operativa real para atender crisis como las exhumaciones en Jojutla y la atención a víctimas.

La admisión del expediente ordena notificar al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo de Morelos para que rindan sus informes justificadamente, lo que abre un periodo de desahogo de pruebas que podría derivar en una sentencia que obligue al Congreso a realizar ajustes en el Presupuesto 2026.