Acusa Ulises Bravo a gobernadora de intromisión y persecución política

CUERNAVACA, MORELOS. 3 de julio de 2026. El expresidente del partido Morena en la entidad, Ulises Bravo Molina, denunció penal y públicamente una presunta persecución política en su contra orquestada por la gobernadora Margarita González Saravia y el jefe de la Oficina de la Gubernatura, Héctor Javier García Chávez, a quienes acusó de interferir en el Poder Judicial para reactivar una denuncia por violencia familiar e instruir su vinculación a proceso.

Acompañado por sus abogadas Naibi Ríos y Suheily Sotelo, el hermano del exgobernador Cuauhtémoc Blanco desmintió las versiones periodísticas que daban por hecho su procesamiento legal. Afirmó que, hasta la noche del 2 de julio, no ha sido notificado de resolución alguna y que cuenta con la protección de un amparo de la justicia federal que obliga a revisar las pruebas que inicialmente derivaron en una no vinculación a proceso en 2024.

Acusan filtraciones y violaciones al debido proceso
La defensa técnica de Bravo Molina calificó de "irrisorio" y grave que documentos oficiales, como un acuse de la Secretaría de Amparos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), hayan sido filtrados a medios de comunicación y redes sociales antes de que el propio imputado fuera legalmente notificado, lo cual argumentan que violenta el debido proceso.

Ante esta situación, informaron que procederán legalmente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra de los magistrados de la Tercera Sala del TSJ y de la secretaria de amparos, para que se investigue la sustracción y difusión ilegal de las constancias judiciales.

"Por propias palabras del magistrado [Rafael Brito], él me comentó que tenía que vincularme a proceso porque había sido una línea que le dictaron desde la oficina de la gubernatura… Le prometieron ser el presidente del Tribunal Superior de Justicia a cambio de esta resolución. Vemos que pasó el tiempo y no te cumplieron, mi estimado Rafael".

Origen político del conflicto
Bravo Molina contextualizó que la denuncia penal por violencia familiar presentada por su expareja fue "alimentada, guiada y conducida" en su momento por el anterior fiscal general, Uriel Carmona Gándara, debido a las diferencias políticas que este sostenía con la administración de Cuauhtémoc Blanco.

Asimismo, atribuyó la supuesta embestida de la actual administración a las discrepancias políticas surgidas con Margarita González Saravia durante el pasado proceso electoral, donde él, como dirigente partidista, cuestionó la estrategia de coaliciones que finalmente costó la pérdida de diversos municipios para el partido oficial.

Exigencia a la Fiscalía General
Finalmente, Ulises Bravo arremetió contra la inacción de la Fiscalía General del Estado, encabezada por Fernando Blumenkorn, a quien le exigió dar curso a tres denuncias que él mismo interpuso desde el primer semestre de 2024 por tentativa de homicidio, amenazas y violencia familiar.

Aseguró que el personal ministerial mantiene sus carpetas de investigación deliberadamente "encajonadas" bajo consigna política, por lo que demandó al fiscal general actuar con autonomía, dejar de lado el sesgo político y emitir una determinación jurídica sobre sus casos.