Vera Jiménez pide que cesen ataques del Gobierno

Cuernavaca, Mor..– “La corrupción no está en la Universidad, está en el gobierno del estado, razón por la cual el estado de Morelos se encuentra entre los primeros lugares de criminalidad e impunidad”, afirmó el rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, al rendir su quinto informe de labores en sesión solemne del Consejo Universitario, realizada en la explanada del estacionamiento principal del Campus Chamilpa, ante unos mil 500 estudiantes, académicos y funcionarios.

Agregó: “Compañeros, para hacer frente a la arbitrariedad de un gobierno despótico, del cual estamos siendo objeto tanto los universitarios como amplios sectores de la sociedad, cobra especial relevancia en nuestra agenda interna, garantizar las condiciones necesarias para fortalecer el tejido institucional, a través de la concertación y el diálogo respetuoso entre los distintos actores universitarios.”

Ante representantes populares de todos los partidos políticos, Vera Jiménez sostuvo que siempre han actuado de acuerdo a la legalidad y de conformidad con la legislación que les es aplicable. Respecto a la contratación del crédito bancario para desarrollar la infraestructura y garantizar la educación a miles de estudiantes, actuaron de acuerdo con el artículo 15 de la Ley Orgánica de la UAEM, emitida por el Congreso del estado, que les permite la contratación de créditos para incrementar el patrimonio de la institución, sin que para ello les resultara aplicable la Ley de Deuda Pública del estado ya que en su artículo 2do. no contempla a la Universidad como sujeto de la misma.

“Desde aquí exigimos que concluya el procedimiento administrativo correspondiente y que no fabriquen delitos para judicializar la denuncia que presentó el auditor del Congreso del estado en contra de las autoridades y funcionarios de la UAEM, derivada de la auditoría especial que nos practicaron de manera dolosa y, por cierto, viciada de su origen al no respetar los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad y anualidad que deben prevalecer en toda auditoría situación que hemos señalado de manera reiterada sin que a la fecha la atiendan y nos den acceso a la carpeta de investigación que están fabricando”, subrayó el rector universitario.

De hacer caso omiso, resaltó, a esta exigencia de los universitarios y de la sociedad que nos acompaña, quedaría evidenciada la verdadera intención del gobierno de violentar los derechos humanos y políticos de quienes sean señalados de manera arbitraria.

Vera Jiménez continuó: “Destacamos nuestra participación en la exhumación e identificación de los cuerpos que fueron depositados como basura en las fosas clandestinas de Tetelcingo, las cuales develaron el horror de la tragedia humanitaria y las violaciones a los derechos humanos que se vive en nuestro estado, atestiguadas por el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y confirmadas en la recomendación 48/2016 que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo al gobierno del estado de Morelos.”

Con ello abrieron la posibilidad y la esperanza, negada por el gobierno del estado, para que las miles de familias que en este país buscan a sus familiares desaparecidos, los encuentre, comentó.

El rector de la UAEM enfatizó que quede claro: la apertura de las fosas no fue una concesión del gobierno del estado, fue producto de una lucha de las víctimas y sus organizaciones que se articuló con la sensibilidad y la capacidad científica y técnica de nuestra Universidad, “Mi reconocimiento a la madre y a la familia de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández por su lucha incansable y ejemplar para todos nosotros”.

Reconoció a la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos, a su actual líder Israel Reyes Medina, y a los jóvenes que han encarnado un compromiso con el proyecto institucional. Agradecemos su participación responsable en la lucha por la autonomía universitaria. En momentos críticos, los jóvenes universitarios siempre han respondido al desafío en favor de las legítimas demandas para salvaguardar los derechos humanos y las libertades democráticas, amenazadas por la corrupción y la violencia que priva en el estado.