Detienen al presunto feminicida de la estudiante española en Cuautla
CUERNAVACA, Mor., 28 de marzo de 2026.- Tras la publicación oficial del “Acuerdo Institucional de Garantías de No Represalias” por parte de la Rectoría, el movimiento de Resistencia Estudiantil emitió una respuesta breve pero de alto impacto político. En sus redes sociales, los universitarios confirmaron que la aparición del documento en el número 145 del Órgano Informativo Universitario "Adolfo Menéndez Samará" transforma sus exigencias de seguridad en una norma institucional de cumplimiento obligatorio.
El movimiento, que inició el pasado 2 de marzo de 2026 con la toma de la Torre de Rectoría, recordó que esta lucha nació de la urgencia de exigir justicia ante las desapariciones y feminicidios de sus compañeras Kimberly y Karol. Para los estudiantes, este paso jurídico representa el primer triunfo tangible de su movilización, elevando las promesas de las autoridades al rango de ley interna.
En su comunicado, la Resistencia Estudiantil fue clara al explicar a la comunidad universitaria la trascendencia de este logro: “Nuestras exigencias y protecciones ya no son solo un compromiso de palabra, ahora son una norma institucional vigente y obligatoria”, sentenciaron.
Los voceros destacaron que esta publicación otorga validez jurídica plena para proteger a cada integrante del movimiento ante cualquier intento de represalia, ya sea de carácter académico, administrativo o incluso físico. Con ello, se desactiva la incertidumbre que reinaba en las unidades académicas respecto al futuro escolar de quienes han sostenido el plantón y las protestas.
La respuesta de los estudiantes refuerza lo acordado en la mesa de diálogo de Ocotepec, donde se estableció que ninguna autoridad, director o profesor podrá actuar en contra de los manifestantes. Al reconocer el documento oficial, el movimiento valida el canal institucional pero mantiene la guardia en alto, subrayando que la obligatoriedad de la norma es ahora su principal escudo.
Este pronunciamiento ocurre en un momento clave de la negociación, pues al contar con un blindaje legal ratificado por ambas partes, se despeja el camino para abordar los puntos más complejos del pliego petitorio, tales como el "Protocolo Kimberly" y la reestructuración del sistema de seguridad interna de la UAEM.




