Tiempos Modernos: Temoac, cuando los límites poder-crimen se borran

Lo que ocurre en Temoac no es una sucesión aislada de hechos violentos ni una racha desafortunada. Es, más bien, la evidencia de un entramado político y social que se ha ido degradando, hasta permitir que actores con vínculos criminales ocupen espacios de decisión pública. La historia reciente del municipio muestra un patrón que no puede explicarse solo desde la coyuntura: hay una disputa por el control político y territorial, y esa disputa está dejando víctimas, silencios y señales de alarma que no deben ignorarse.

El año pasado, la detención de la entonces tesorera municipal —acusada de portar armas y de participar en actividades de narcomenudeo, extorsión y secuestro— reveló un primer quiebre. No solo por la gravedad de las acusaciones, sino porque su esposo cumple una condena en Puebla por delitos similares, como fundador de un grupo criminal conocido como Los Aparicio. La posterior liberación de la funcionaria, sin explicación clara, dejó más preguntas que certezas. El Cabildo se deslindó. El alcalde de entonces habló de un “nombramiento colectivo”. Pero el daño institucional ya estaba hecho. Más aún: fue detenida nuevamente y hoy se encuentra bajo proceso, otra vez en posesión de armas, droga y ropa táctica.

El cambio de administración tampoco trajo claridad. El nuevo alcalde resultó ser el yerno de aquella mujer detenida, conocida en la región como La Patrona. La continuidad de vínculos familiares en posiciones de poder, en un contexto ya marcado por sospechas, solo profundizó la percepción de captura institucional.

A partir de ahí, la violencia escaló. En enero, el excandidato del PRI a la alcaldía fue asesinado a balazos. En febrero, el propio alcalde fue atacado en los límites entre Temoac y Jonacatepec. Esto llevó incluso a que el edil pidiera licencia “unos días”, y no se sabe claramente si ya regresó o sigue ausente.

Y hace unos días, Sandra Rosa Camacho Flores —quien había denunciado ante autoridades estatales la violencia y persecución ejercida presuntamente por actores municipales y grupos criminales— fue asesinada. Mujer activista, identificada con la izquierda, primera regidora del PRD en Temoac en los años 90: una voz comunitaria silenciada.

Cada uno de estos hechos, por separado, sería motivo de preocupación. Juntos, configuran un escenario que exige una respuesta institucional de mayor calado. No se trata solo de investigar homicidios o agresiones, sino de entender si las estructuras municipales están siendo utilizadas para proteger intereses ajenos al servicio público. Tampoco se trata de estigmatizar a una comunidad que ha vivido históricamente entre la marginación y la resistencia, sino de reconocer que la fragilidad institucional abre espacios que otros aprovechan.

Lo que está pasando en Temoac es, en esencia, una disputa por el control político y social del territorio. Una disputa donde las fronteras entre autoridad y criminalidad se vuelven difusas, donde los liderazgos comunitarios quedan expuestos y donde la ciudadanía pierde la confianza en sus instituciones. Y cuando eso ocurre, la violencia deja de ser un síntoma para convertirse en un método.

La pregunta no es solo qué está pasando, sino qué se está dejando pasar. Y, sobre todo, cuánto tiempo puede sostenerse un municipio en estas condiciones sin que la espiral termine por arrastrar a toda la región.

Temoac necesita algo más que operativos o comunicados. Necesita una intervención institucional seria, coordinada y sostenida. Necesita que el Estado —en todos sus niveles— recupere su capacidad de garantizar seguridad, legalidad y gobernabilidad. Y necesita, también, que la ciudadanía no quede sola frente a un conflicto que no provocó, pero que padece todos los días.

Porque lo que ocurre en Temoac no es un asunto local. Es un espejo incómodo de lo que puede suceder cuando las instituciones se debilitan y otros llenan el vacío.