Tiempos Modernos: La crisis de las pensiones

El envejecimiento de la población en México (como en todo el planeta) trae consigo una serie de complejidades para las que los Estados no necesariamente están listos, más bien al contrario, parece que simplemente no lo previeron. En los 90 todavía se hablaba del bono demográfico, lo que significaba que un poco más de la mitad de su población total era menor de 29 años, lo que convertía a la juventud en el motor presente y futuro de nuestros países.

Por diversos factores ese presente se convirtió en un futuro indeseado. Los factores para que eso pasara los dejaremos para otro texto. Lo que nos interesa aquí por ahora es que actualmente la población se ha ido envejeciendo, lo que trae consigo que sus necesidades de salud pública y seguridad social se conviertan en enormes retos para los Estados que nunca planearon este desafío.

En 1997 el gobierno neoliberal de Ernesto Zedillo realizó una reforma con miras a resolver los futuros problemas en materia de pensiones. Lo que hizo aquel gobierno fue quitarse la responsabilidad y endosarla directamente a los trabajadores: la bolsa de pensiones no correspondía ya administrarla al Estado, sino que ahora cada quien debería preocuparse por ahorrar. Como si ahorrar fuera una decisión voluntaria, en un país donde los salarios eran (¿y son?) de hambre.

A pesar de ello, diversas instituciones deben cargar todavía a estas alturas con el peso de las personas que aún se están jubilando o pensionando con el modelo anterior, o que su modelo no cambió debido a la presencia de sindicatos que negociaron mejores condiciones para sus trabajadores. Sin embargo, esto poco a poco ha venido ahogando las finanzas de dichas instituciones, que no han sido capaces de negociar un modelo distinto.

El caso concreto aquí en Morelos es el de la Universidad Autónoma (UAEM), misma que tiene un serio problema financiero debido a las pensiones y jubilaciones. Y aunque se han revisado distintas alternativas, éstas solo han pateado el bote, es decir, han sido meros paliativos que a veces incluso se han convertido en bumerang que regresa y golpea con mayor fuerza. Y aunque está en el horizonte construir un fondo de pensiones en el que participen UAEM y sindicatos, las apremiantes necesidades financieras de la universidad lo han hecho simplemente imposible.

Pero hay un problema que tienen otras instituciones del estado que no podemos dejar pasar. Si bien se acerca peligrosamente el momento de la inviabilidad financiera por las pensiones, debido al creciente número de trabajadores en edad de retirarse, un mayor problema que debe tratarse es el de las pensiones doradas, es decir, aquellas que se entregan a exfuncionarios a los que no se les reconoce su trayectoria laboral, sino que se les asigna un privilegio por el cargo que ocuparon.

Es decir, que un exmagistrado reciba el llamado haber de retiro millonario, resulta realmente ofensivo para los miles de trabajadores que reviven menos de un salario mínimo como pensión, lo que les condena a la pobreza. Si realmente se quiere avanzar en este tema, el Instituto de Pensiones que ha propuesta la gobernadora Margarita González Saravia, debe hacerse cargo no sólo de conseguir recursos para los trabajadores de a pie, sino que debe regular aquellas que condenan los presupuestos a padecer escasez debido a los montos millonarios que se entregan a unos cuantos.

Aunque nos digan que esos recursos se entregan legalmente a un grupo de privilegiados, no todo lo legal es moral, hay que revisar qué clase de futuro queremos. Si es que hay futuro, porque para como están las cosas, tal vez no tengamos que preocuparnos en medio de la crisis internacional que vivimos.

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