Sin policía profesional no hay justicia ni resultados

Cuernavaca, Morelos, 31 de enero de 2017-. El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, afirmó que sin policías profesionales no hay justicia, ni resultados. Durante el Foro Anticorrupción Policial, organizado por Causa en Común, destacó que la policía no solamente es para la seguridad, es el primer responsable en el Sistema de Justicia Penal y tiene que saber preservar la escena del crimen o el delito para iniciar el debido proceso.

Por ello, urgió al Congreso de la Unión a aprobar la reforma del mando policial antes que el protocolo de actuación de las Fuerzas Armadas. Partamos de la base que primero es construir policías y dejar que lo extraordinario se convierta en ordinario, trabajemos primero en crear la policía.

En Morelos, dijo, la seguridad fue un reto ya que se confirmó que la mayoría de los mandos policiales estaba al servicio de la delincuencia. Encontramos con el tiempo nóminas y evidencias de esta afirmación.

Lo anterior nos llevó a tomar una decisión política y un desafío, que lo fue, para integrar un modelo de mando coordinado, que ahora se conforma en la policía única estatal de Morelos.

Además, agregó, construimos el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C-5), se colocaron cámaras de videovigilancia, se creó una academia estatal de estudios superiores en seguridad y se profesionalizaron los cuerpos policiales.

Más de mil elementos fueron depurados y hoy tenemos una policía única con mayor profesionalización, mejores ingresos y un espíritu de servicio con mejores resultados. Hemos reducido los delitos de alto impacto, el secuestro en 80 por ciento, la extorsión en una magnitud similar, esto nos lleva a tener resultados tangibles.

Graco Ramírez destacó que se han conformado cerca de 568 comités vecinales que tienen conectada su alarma directamente al C5, participan en las tareas de seguridad con los cuerpos policiales.

El porcentaje de personas que perciben la confianza en el Ministerio Público se ha elevado de 19.09 por ciento en 2012, a 44.08 por ciento en 2016, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Pública.