Señalan omisiones para proteger áreas naturales de la minería

Cidad de México. 4 de octubre de 2026.- En México persisten más de mil 300 concesiones mineras vigentes dentro de Áreas Naturales Protegidas (ANP), con una superficie acumulada superior a 680 mil 270 hectáreas, señaló la Colectiva Cambiémosla Ya.

La organización indicó que la Ley de Minería vigente prohíbe las actividades de exploración, explotación o beneficio minero en las ANP, por lo que consideró que las concesiones que permanecen vigentes deberían ser canceladas.

La colectiva, integrada por comunidades, movimientos, organizaciones de la sociedad civil, personas académicas y defensoras, señaló que esta situación representa un riesgo para el patrimonio natural del país. También cuestionó el monto previsto para la protección y manejo de las ANP en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, que, de acuerdo con sus estimaciones, representaría alrededor de 16.2 pesos por hectárea.

Cambiémosla Ya sostuvo que, para avanzar del modelo que las autoridades federales denominan “extractivismo neoliberal” hacia un “ambientalismo humanista”, primero deben publicarse los reglamentos derivados de las reformas aprobadas en 2023 en materia de minería y agua.

Señalan pendientes en reglamentos de la reforma minera

La colectiva señaló que la reforma a la Ley de Minería de 2023 incorporó disposiciones para regular la actividad minera y evitar afectaciones a los derechos y a los ecosistemas. Sin embargo, afirmó que la Secretaría de Economía y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no han publicado los reglamentos correspondientes.

De acuerdo con la organización, también están pendientes disposiciones relacionadas con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la Ley General de Aguas en materia de minería.

Afirmó que esta situación obstaculiza la aplicación de la legislación minera reformada y mantiene espacios de interpretación sobre aspectos como la prohibición de actividades mineras en ANP, así como la obligación de las empresas de presentar y ejecutar programas de cierre y post-cierre de minas.

Otro de los puntos señalados por la colectiva es la definición de los mecanismos para cubrir los gastos relacionados con las actividades de remediación de los sitios afectados por la actividad minera.

Cambiémosla Ya también cuestionó que, ante la demanda de minerales vinculada con la industria armamentista, la electrificación de vehículos y la transición energética, la falta de un marco regulatorio que considera robusto y claro podría favorecer la continuidad del modelo extractivo.

La organización sostuvo que dicho modelo puede generar desplazamiento de comunidades y afectaciones a los bienes naturales y ecosistemas, y citó como ejemplo los derrames de jales mineros atribuidos a Grupo México, que, según su señalamiento, han afectado terrenos de cultivo, ríos y otros cuerpos de agua.