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CUERNAVACA, Mor. 04 de junio de 2026.- Los excomisionados del extinto Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) recibieron liquidaciones brutas superiores a los 700 mil pesos al concluir sus funciones, derivado de disposiciones establecidas en el reglamento interno del organismo.
De acuerdo con datos de Morelos Rinde Cuentas, los montos brutos superaron los 700 mil pesos por persona; una vez descontado el Impuesto Sobre la Renta (ISR), los pagos netos quedaron en aproximadamente 587 mil y 571 mil pesos.
La base legal para estas liquidaciones se encuentra tanto en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos como en el propio reglamento interno del IMIPE. El artículo 52 de la Ley del Servicio Civil establece una indemnización equivalente a tres meses de salario para los trabajadores que concluyen su relación laboral.
Sin embargo, adicionalmente a esta prestación, el reglamento del IMIPE contemplaba otros 90 días de salario, beneficio que representó alrededor de 329 mil pesos extras para cada uno de los excomisionados.
Los registros señalan que el sueldo quincenal de los integrantes del órgano se componía de 52 mil 918 pesos de salario base y 14 mil 797 pesos por concepto de compensación.
Asimismo, se informó que el 22 de enero de 2026 los entonces consejeros aprobaron el acuerdo mediante el cual se autorizaron estos pagos. Ese mismo día se realizaron los trámites correspondientes y se efectuó el cobro de las liquidaciones.
IMPEPAC tiene esquema similar
Un caso comparable se presenta en el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), organismo que modificó su reglamento interno en dos ocasiones para incorporar una prestación económica por conclusión del cargo o renuncia.
La primera modificación ocurrió en 2019, cuando se estableció un pago equivalente a un mes de salario. Posteriormente, en 2025, el beneficio fue ampliado a tres meses de salario por cada año para el que fueron designados los consejeros electorales.
Con este esquema, las liquidaciones de los integrantes del organismo electoral podrían superar los 1.5 millones de pesos al término de sus encargos.
Los casos han generado cuestionamientos sobre las prestaciones aprobadas por organismos autónomos en sus reglamentos internos, particularmente en momentos de restricciones presupuestales y de revisión al gasto público en el estado.