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Cuernavaca, Mor., 20 de noviembre de 2026. El Gobierno de Morelos plantea que empresas de transporte por aplicación, como Uber y DiDi, absorban el impuesto de 1.5 por ciento que se aplicaría al valor de cada viaje realizado en la entidad, sin trasladar el costo a conductores ni usuarios.
Jorge Barrera Toledo, coordinador general de Movilidad y Transporte, informó que representantes de ambas plataformas consideran viable el cobro, luego de las mesas de diálogo sostenidas con autoridades estatales.
El funcionario explicó que la propuesta busca evitar que el gravamen reduzca los ingresos de los conductores, quienes actualmente entregan hasta 32 por ciento del costo de cada servicio a las aplicaciones.
“Es importante que no se genere un efecto dominó o de traslado de encarecimiento hacia el conductor o los usuarios”, señaló Barrera Toledo.
El planteamiento se presenta después de que grupos de conductores de taxis por aplicación manifestaron su rechazo al impuesto, al considerar que podría afectar su economía. Sin embargo, el coordinador reiteró que la intención del Gobierno estatal es que las empresas asuman el pago con cargo a sus utilidades.
El proyecto de armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece que las unidades que operen mediante plataformas deberán aportar periódicamente 1.5 por ciento del valor de cada viaje y cubrir los derechos correspondientes por los permisos de operación.
La propuesta también contempla que las empresas registren vehículos y conductores ante la Coordinación General de Movilidad y Transporte, mantengan actualizado un padrón electrónico y apliquen filtros de seguridad, entre ellos la revisión de antecedentes no penales y exámenes toxicológicos.
Además, deberán incorporar un botón de pánico digital conectado al Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5), emplacar sus unidades en Morelos, portar distintivos oficiales y garantizar que los vehículos no tengan más de siete años de antigüedad.
Las unidades también deberán aprobar la verificación vehicular y someterse a revisiones físico-mecánicas anuales. La autoridad estatal tendrá facultades para supervisar, fiscalizar y sancionar a las Empresas de Redes de Transporte (ERT).
Barrera Toledo adelantó que continuarán las mesas de diálogo con representantes de las plataformas, conductores y otros sectores involucrados para avanzar en la armonización de la legislación estatal.




