Rechaza TSJ subordinación ante Órgano de Administración Judicial

CUERNAVACA, Mor., 6 de abril del 2026.- El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Juan Emilio Elizalde Figueroa, lanzó una advertencia sobre la operatividad del Poder Judicial en la entidad, al señalar que el Pleno de magistrados no puede ni debe estar subordinado al nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ).

Derivado de la implementación de la Reforma Judicial en Morelos y el resto del país, Elizalde Figueroa criticó que este organismo auxiliar pretenda asumir funciones jurisdiccionales que, por mandato constitucional, competen exclusivamente a las y los magistrados. Sostuvo que facultades sobre jueces y comisiones están desembocando en una invasión de esferas que frena la impartición de justicia.

Invasión de facultades y parálisis

El titular del Poder Judicial fue enfático al señalar que el OAJ debe ser un ente de apoyo y no una autoridad por encima de quienes representan la impartición de justicia. "El Poder Judicial no puede estar subrogado ni subordinado a ningún órgano; la representación como presidente es indelegable", sentenció.

Impactos detectados por el TSJ:

• Falta de prontitud: Las decisiones de "facto" se ven limitadas al tener que someter temas jurisdiccionales a la consideración del OAJ.
• Confusión administrativa: El Pleno es, según la Constitución local, el único responsable de la "buena marcha" de la justicia.
• Subordinación indebida: Se califica al OAJ como un "auxiliar" que no debe administrar la esencia legal del tribunal.

Frente común nacional

Elizalde Figueroa informó que esta preocupación no es exclusiva de Morelos. El tema ya escaló a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib), donde se impulsa una propuesta de Ley Orgánica Nacional ante la Secretaría de Gobernación (Segob) para unificar criterios y evitar que la reforma debilite la autonomía de los estados.

Con esta postura, el magistrado busca blindar la soberanía del Poder Judicial en Morelos, asegurando que la parte administrativa no opaque ni detenga la urgencia de las resoluciones jurisdiccionales que la ciudadanía demanda.