Detienen al presunto feminicida de la estudiante española en Cuautla
CUERNAVACA, Mor. 3 de julio de 2026 – El jefe de la Oficina de la Gubernatura, Javier García Chávez, rechazó de manera tajante las acusaciones vertidas por Ulises Bravo Molina, quien se declaró víctima de una presunta persecución política y señaló una supuesta intervención del Poder Ejecutivo estatal en el proceso penal que enfrenta por el delito de violencia familiar, derivado de la denuncia de su expareja, Liu León Luna.
En entrevista con medios de comunicación, García Chávez sostuvo que los señalamientos del exdirigente de Morena carecen por completo de sustento probatorio y dejó en claro que la administración encabezada por la gobernadora Margarita González Saravia mantiene un respeto irrestricto a la autonomía judicial.
"Por ética, por principios, por vocación y por formación histórica, no hay persecución política en este gobierno, ni de chiste la politización de la justicia. Negamos categórica y rotundamente esas versiones del señor Ulises Bravo", declaró el funcionario.
Al ser cuestionado sobre las afirmaciones de Bravo Molina, quien ligó al magistrado Rafael Brito en una supuesta componenda política dictada desde las oficinas estatales, el jefe de la Gubernatura desmintió haber sostenido comunicación o relación alguna con el integrante del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
El funcionario enfatizó que el procedimiento legal en contra del hermano del exgobernador Cuauhtémoc Blanco no fue promovido por el aparato estatal, sino por una ciudadana en particular que clama justicia, por lo que el caso debe dirimirse estrictamente en el terreno técnico-jurídico de los tribunales.
"Yo no tengo relación ni he tenido comunicación con el magistrado. Siempre hemos mantenido respeto a sus decisiones; el TSJ es un órgano autónomo y seguirá teniendo toda la libertad para la toma de decisiones. Aquí no se va a proteger absolutamente a nadie, sea el ciudadano que sea o el funcionario que sea", advirtió.
Para la jefatura de la Oficina de la Gubernatura, la narrativa de complot y las descalificaciones lanzadas por el liderazgo morenista de Morelos corresponden a una estrategia mediática para evadir las responsabilidades legales de la carpeta judicial en su contra.
“Más bien considero que el propio Ulises Bravo está generando una cortina de humo para darle un giro político a lo que legalmente se debe establecer en la norma”, expresó García Chávez, tras apuntar que ni siquiera los supuestos disensos en materia electoral durante el pasado proceso de selección interna justifican o sostienen los reclamos del imputado.
Finalmente, el funcionario estatal reiteró que la postura de la gobernadora Margarita González Saravia es clara y contundente: garantizar un verdadero Estado de derecho donde impere la imparcialidad para ambas partes, tanto para la víctima como para el imputado. "Quien la hace la paga en Morelos. La decisión de la gobernadora es esa. Tenemos que fortalecer las instituciones", concluyó.