Ramírez Marín: Pionero en juzgar a menores como adultos

QUERÉTARO, Qro, 29 de julio de 2026.- El debate nacional sobre el endurecimiento de las sanciones para adolescentes que cometen delitos de alto impacto tuvo su primer antecedente formal en el Senado de la República con la iniciativa presentada por el senador Jorge Carlos Ramírez Marín el 12 de noviembre de 2025, varios meses antes de que surgieran propuestas similares en el ámbito federal y estatal en Querétaro

La iniciativa plantea una reforma al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objetivo de impedir que los grupos del crimen organizado utilicen a menores de edad para cometer delitos graves aprovechando las sanciones reducidas previstas en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

El proyecto propone un esquema de transición jurídica para adolescentes que cometan delitos dolosos de extrema gravedad, como homicidio, secuestro o delincuencia organizada. 

De acuerdo con la propuesta, los menores permanecerían en centros especializados mientras no cumplan la mayoría de edad, donde conservarían el acceso a programas educativos y de reinserción social.

Sin embargo, al cumplir los 18 años, un juez especializado podría ordenar su traslado a un centro penitenciario para adultos a fin de que continúen cumpliendo una pena proporcional a la gravedad del delito. 

Esta determinación estaría sustentada en evaluaciones psicológicas, de conducta y otros dictámenes técnicos, con el propósito de garantizar un análisis individualizado de cada caso.

La iniciativa de Ramírez Marín se convirtió en el primer planteamiento legislativo de alcance nacional sobre este tema y antecedió a otras propuestas impulsadas durante 2026.

A mediados de este año, los legisladores Agustín Dorantes y Sergio Mayer promovieron mesas de análisis en el Congreso de la Unión para revisar posibles reformas al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, enfocadas en fortalecer las sanciones para menores involucrados en delitos de alto impacto.

Posteriormente, en julio de 2026, el presidente municipal de Corregidora, Josué Guerrero, presentó la denominada Ley Chepe, una propuesta local orientada a sancionar penalmente a adolescentes de entre 15 y 17 años que participen en la comisión de delitos graves, iniciativa que también abrió un amplio debate en Querétaro.

Las distintas propuestas han generado posturas encontradas. Por un lado, colectivos de víctimas y diversos sectores sociales consideran necesario endurecer las penas para evitar que organizaciones criminales continúen reclutando adolescentes como parte de sus operaciones. 

En contraste, organismos defensores de derechos humanos han advertido que juzgar o sancionar a menores bajo esquemas similares a los de adultos podría contravenir principios establecidos en instrumentos internacionales, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño.

Actualmente, la iniciativa presentada por Ramírez Marín permanece en análisis en las comisiones dictaminadoras del Senado de la República y constituye el antecedente legislativo que dio origen a la discusión nacional sobre una posible reforma al sistema de justicia penal para adolescentes en México.