Sancionan a exfuncionario de CFE en Morelos por 119 mdp
Cuernavaca, Mor., 17 de noviembre de 2026. Las contrataciones del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) para organizar las elecciones de 2024 enfrentarán una revisión política y financiera en el Congreso de Morelos, luego de que Morelos Rinde Cuentas documentara presuntas irregularidades en los procedimientos de licitación.
El presidente de la Junta Política y de Gobierno, Daniel Martínez Terrazas, anunció que promoverá la comparecencia de la consejera presidenta del organismo, Mireya Gally Jordá, para que explique cómo se adjudicaron los contratos y bajo qué criterios se ejercieron los recursos públicos durante el proceso electoral.
La revisión también alcanzaría a la fiscalización del gasto. El legislador adelantó que solicitará una auditoría especializada a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), con el propósito de identificar posibles anomalías y determinar si las contrataciones derivaron en responsabilidades administrativas o de otra índole.
Uno de los puntos que el Congreso pretende esclarecer es si empresas presuntamente relacionadas con señalamientos de corrupción y conflictos de interés en el ámbito federal participaron en las licitaciones del organismo electoral morelense. El planteamiento surge en medio de cuestionamientos sobre las contrataciones y presuntos conflictos de interés vinculados con Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).
Martínez Terrazas sostuvo que Acción Nacional dará seguimiento a la información presentada por la organización civil y advirtió que, si las investigaciones confirman irregularidades, promoverá las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.
El caso coloca bajo escrutinio el manejo de los recursos del organismo encargado de organizar las elecciones estatales y abre un cuestionamiento sobre los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas del Impepac. La comparecencia de su presidenta y la auditoría anunciada serán los primeros pasos para determinar si los señalamientos tienen sustento y si existen responsabilidades por las contrataciones de 2024.