Informará fiscal de Morelos al Congreso sobre acciones de investigación
CUERNAVACA, Mor. – El Poder Legislativo de Morelos se encuentra en la antesala de una crisis financiera sin precedentes. La política de austeridad impulsada por el Gobierno Federal, bajo el denominado “Plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum, proyecta un impacto directo que obligaría a reducir cerca de 260 millones de pesos del presupuesto del Congreso local, poniendo en riesgo el pago de pensiones y prestaciones sindicales.
A diferencia de otras entidades donde el paquete de reformas ya ha sido avalado, en Morelos el debate se mantiene en pausa debido al periodo de receso legislativo. Se espera que el próximo lunes, al retomar actividades, los diputados inicien el análisis de un ajuste que choca frontalmente con una estructura de gasto ya comprometida.
Actualmente, las finanzas del Congreso operan bajo una presión asfixiante. Según datos obtenidos por Quadratín Morelos, la institución eroga anualmente 220 millones de pesos exclusivamente para cubrir jubilaciones y pensiones, una cifra que representa el corazón de su carga estructural.
A este escenario se suma el costo del sindicato, que demanda una inversión cercana a los 50 millones de pesos al año en prestaciones, dejando un margen de maniobra casi nulo frente a cualquier recorte externo.
Un ajuste de la magnitud planteada por el Plan B federal no solo afectaría la operatividad administrativa, sino que podría derivar en:
El dilema para la legislatura actual será equilibrar la disciplina financiera que exige la federación con la protección de los derechos de los trabajadores. El escenario refleja la problemática de fondo en el estado: un sistema de pensiones que crece de forma sostenida sin una reforma que garantice su viabilidad, dependiendo hoy más que nunca del presupuesto público para sobrevivir.