Podrían destituir al alcalde de Zacualpan y a su Cabildo por laudo

CUERNAVACA, Mor. 11 de junio de 2026.– El presidente municipal de Zacualpan de Amilpas, Marino Santibáñez Alonso, así como los integrantes de su Cabildo y el director de Seguridad Pública municipal, se encuentran en riesgo de ser destituidos de sus cargos e inhabilitados hasta por seis meses tras incumplir con el pago de un laudo laboral a favor de un extrabajador del ayuntamiento.

La resolución fue emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Morelos y publicada en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 6566, con fecha del 10 de junio de 2026. En el documento se establece la solicitud formal al Congreso del Estado para que proceda con la destitución e inhabilitación de los servidores públicos involucrados por incurrir en desacato.

Funcionarios bajo la mira del TJA

Además del alcalde, la sentencia emitida por el tribunal alcanza a las siguientes autoridades municipales:

• María Antonieta López Martínez , síndica municipal.
• Celestino Vargas Sandoval , regidor de Hacienda Pública.
• Julisa Jael Hernández García , regidora de Obras Públicas.
• Saturnino Rivera Molina , regidor de Ecología.
• Antonio Espinoza , director de Seguridad Pública municipal.

De acuerdo con el expediente, las autoridades de Zacualpan de Amilpas ignoraron de manera reiterada una sentencia firme derivada de un conflicto laboral, lo que obligó al Poder Judicial a requerir la intervención del Poder Legislativo para la aplicación de las sanciones correspondientes.

Alcaldes en la cuerda floja

Este procedimiento en contra de Marino Santibáñez no es un caso aislado en la entidad. La resolución se suma a los juicios similares promovidos recientemente por el TJA contra otros ediles en funciones, como José Ponciano Jiménez , de Xoxocotla, y Enrique Alonso Plascencia , de Tlaquiltenango.

Ambos alcaldes también enfrentan solicitudes de destitución e inhabilitación ante el Congreso local por negarse a saldar deudas heredadas o propias con extrabajadores municipales.

Con estas determinaciones, el Tribunal de Justicia Administrativa busca sentar un precedente para garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales y evitar que las administraciones municipales evadan sus obligaciones legales.