Acumula Morelos ataques mortales contra actores políticos en 2026
Ciudad de México, 6 de noviembre de 2026. El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar los contratos para producir la credencial para votar y suministrar materiales de la elección judicial de 2025, ante la posible comisión de cinco delitos durante la gestión de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei.
De acuerdo con un proyecto de denuncia revisado por las 10 consejerías del organismo, las indagatorias deberán considerar posibles delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, peculado y enriquecimiento ilícito.
El documento plantea que la Fiscalía obtenga la versión íntegra del material divulgado en el que aparecen personas presuntamente vinculadas con las contrataciones, a fin de contrastarlo con los contratos, convenios, pagos y operaciones financieras, y no limitar la investigación a los fragmentos difundidos en medios de comunicación.
Uno de los procedimientos bajo revisión es el contrato para producir la credencial para votar con fotografía durante el periodo 2026-2031, adjudicado el 10 de diciembre al consorcio integrado por Cosmocolor, Icard Solutions y Talleres Gráficos de México, por un monto de hasta 61.7 millones de dólares, equivalente a aproximadamente mil 173 millones de pesos al tipo de cambio de ese momento.
Entre los elementos que motivaron los señalamientos se encuentran versiones sobre una cena ofrecida por el proveedor José Alfredo Hernández Casillas, a la que habrían asistido personas involucradas en el proceso de contratación, tanto del INE como de las empresas participantes. El encuentro habría tenido como propósito celebrar los resultados de la licitación.
También circuló un audio en redes sociales en el que presuntamente se escucha al proveedor dar instrucciones al entonces director de Administración del INE, Octavio García, sobre la hora y la forma de comunicar el fallo del procedimiento.
La denuncia incluirá tanto las contrataciones de materiales electorales para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 como el servicio de producción de credenciales para el periodo 2026-2031. El organismo solicitará esclarecer las posibles responsabilidades de funcionarios y particulares que hayan intervenido, facilitado o encubierto conductas ilícitas.
El INE dejará en manos de la FGR la clasificación jurídica de los hechos, la identificación de las personas involucradas y la determinación de las posibles formas de participación, así como el eventual ejercicio de la acción penal. La revisión abarcaría el periodo de 2016 a 2026, el mismo que se solicitó auditar a la Auditoría Superior de la Federación.




