Ordena SCJN al Congreso cumplir sentencia sobre desaparición

Cuernavaca, Mor., 17 de agosto de 2026.-El Congreso de Morelos solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una prórroga para cumplir con la sentencia que le ordenó realizar una consulta a la población con discapacidad, afrodescendiente e indígena sobre la Ley para la Declaración Especial de Ausencia de Personas Desaparecidas en el Estado de Morelos.

El ejercicio participativo versa sobre las modificaciones a la Ley en la entidad, procedimiento cuyo plazo de 12 meses legalmente feneció desde abril de 2024.

Para intentar justificar el retraso, el Poder Legislativo local argumentó ante el máximo tribunal constitucional que carece de facultades exclusivas para organizar la consulta, señalando que dicha tarea recae legalmente en el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac). Asimismo, el Congreso sostuvo que la normativa electoral prohíbe realizar consultas dentro de los 90 días previos al inicio del proceso electoral, programado para la primera semana de septiembre.

No obstante, en un acuerdo dictado el pasado 14 de agosto, la Corte desestimó tajantemente los señalamientos de la cámara local. El alto tribunal aclaró que la Ley de Declaración Especial de Ausencia no posee carácter electoral y recordó que el plazo legal para acatar el fallo ya está vencido.

En la resolución de las acciones de inconstitucionalidad 111/2022 y 112/2022, la SCJN enfatizó que tanto el Poder Legislativo como el Impepac cuentan con atribuciones reconocidas para coordinar mecanismos de participación ciudadana. Por ello, dio un plazo perentorio de 20 días hábiles a la Mesa Directiva del Congreso para comprobar que ya solicitó formalmente al instituto electoral la organización del proceso de consulta.

El tribunal constitucional acompañó el requerimiento con una severa advertencia: en caso de desacato o falta de respuesta en el lapso fijado, el presidente de la Mesa Directiva será acreedor a una multa de hasta 120 Unidades de Medida y Actualización (UMA), sanción que se aplicará directamente sobre su patrimonio personal.