Descarta Fiscalía móvil sexual y apunta al robo en caso Claudia Tacoronte
CUERNAVACA, Mor. 21 de mayo del 2026. – El despliegue de la estrategia federal denominada Operativo Enjambre en territorio morelense ha comenzado a generar eco entre las organizaciones de la sociedad civil y defensoras de las garantías individuales. Al respecto, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) consideró que las recientes detenciones e investigaciones en contra de alcaldes y servidores públicos envían un mensaje contundente de cero tolerancia a la impunidad en un estado históricamente flagelado por la colusión institucional.
Un golpe transversal a la clase política
El vocero del organismo civil, José Martínez, destacó la naturaleza inédita de las capturas ejecutadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y las fuerzas federales de inteligencia. Señaló que el hecho de que entre los alcaldes detenidos, prófugos o bajo investigación penal existan representantes de prácticamente todo el espectro político local demuestra que las acciones de justicia no se centran en una sola fuerza política ni obedecen a un sesgo de persecución selectiva.
“Hay un mensaje claro de que no importa de qué partido se trate, no debe existir impunidad”, expresó de manera tajante el activista.
Para la organización, el desmantelamiento de estas presuntas redes de protección a células de la delincuencia organizada en los ayuntamientos es un paso necesario para empezar a revertir los altos índices de violencia y extorsión que asfixian el libre desarrollo y los derechos humanos de los habitantes en las comunidades de la región oriente de Morelos.
La exigencia de un debido proceso
Finalmente, el vocero de la CIDHM puntualizó que, si bien el operativo federal representa un avance significativo contra la estructura de complicidades que ha minado la gobernabilidad de los municipios, es indispensable que las autoridades judiciales mantengan un actuar firme, transparente y apegado a la legalidad.
La expectativa ciudadana es que las carpetas de investigación estén sólidamente integradas para evitar que fallas técnicas o ministeriales deriven en la liberación de los imputados, garantizando con ello el derecho a la verdad y a la justicia que demandan los sectores productivos y las familias morelenses.