Denuncian las pensiones doradas del Tribunal Superior de Justicia en Morelos

CUERNAVACA, Mor., 21 de enero de 2026.- El presidente del Órgano de Administración Judicial, Javier García Tinoco, declaró recientemente que al menos el 15 por ciento de los pensionados y jubilados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) perciben ingresos superiores al salario de la presidenta de la República, una situación que vuelve a poner en el centro del debate público el tema de las llamadas pensiones doradas dentro del Poder Judicial.

Aunque hasta el momento no se cuenta con información oficial actualizada correspondiente a 2026, existen antecedentes documentados que permiten dimensionar la magnitud del problema. De acuerdo con datos publicados en 2022 por la organización civil Modelos Rinde Cuentas, al menos 13 integrantes del TSJ recibían pensiones superiores a los 100 mil pesos mensuales.

Entre los que más ganan como pensionados o jubilados de lujo se encuentran el exgobernador interino y exsecretario de Gobierno con Cuauhtémoc Blanco, Samuel Sotelo; el exdiputado local Antonio Tallabs Ortega; entre otros. Pero el que rompe todas las barreras es el expresidente del propio Tribunal, Ricardo Rosas Pérez, con una pensión de casi 200 mil pesos.

Según ese reporte, entre quienes percibían más de 110 mil pesos mensuales se encontraban Rodolfo de Jesús Cuevas Salazar, Roberto Pérez Guerrero, Jesús Antonio Tayabs Ortega y Aura Maura Linares Serrano. En un rango de entre 110 mil y 130 mil pesos, figuraban Virginia Popoca González, Juan Manuel Jiménez Alegre, Jesús Vallejo Jiménez y Juan Manuel Díaz Popoca.

Asimismo, el informe señalaba a pensionados con ingresos aún más elevados. Wilfrido López Luna recibía alrededor de 133 mil pesos, Samuel Sotelo Salgado 143 mil pesos, mientras que el caso más alto correspondía a Ricardo Rosas Pérez, con una pensión aproximada de 180 mil pesos mensuales.

Estas cifras, correspondientes a hace cuatro años, abren la interrogante sobre cuánto han aumentado dichas pensiones para 2026, considerando factores como actualizaciones salariales, inflación y ajustes automáticos establecidos en la normatividad interna del Poder Judicial.

La falta de transparencia y de información pública actualizada ha generado cuestionamientos por parte de organizaciones civiles y de la opinión pública, que demandan claridad, rendición de cuentas y una revisión del sistema de pensiones, especialmente en un contexto nacional de austeridad y recortes presupuestales en otros sectores del gobierno.

Por ahora, las declaraciones del titular del Órgano de Administración Judicial confirman que el problema no solo persiste, sino que podría haberse agravado, a la espera de que las autoridades correspondientes publiquen datos oficiales que permitan conocer con exactitud el estado actual de las pensiones en el Tribunal Superior de Justicia.