La vida mínima: Ya nadie se avergüenza

Hay una escena que se ha vuelto extraña y tristemente cotidiana para quienes estamos expuestas a las noticias y discusiones públicas por lo menos en redes sociales. Estás haciendo scroll y te aparece un clip o una publicación en la que algún personaje público dice algo que hace diez años habría significado el fin de una carrera. Cierras la aplicación convencida de que habrá alguna consecuencia por tal declaración pero días después ya nadie habla del tema, el algoritmo encontró un escándalo nuevo y el anterior desapareció como si nunca hubiera existido.

Esa sensación -la de que el costo social de decir barbaridades se evaporó- tiene nombre. Ruth Wodak, una lingüista austriaca que lleva años estudiando cómo la ultraderecha europea aprendió a decir en público lo que antes apenas se murmuraba en privado, la llama la era post-vergüenza (post-shame era).

Su observación es sencilla. Durante mucho tiempo la vergüenza funcionó como un mecanismo político. No hacía falta prohibir ciertos discursos porque bastaba con que decirlos tuviera un costo: el prestigio, el puesto o la reputación. Ese costo, dice Wodak, dejó de existir. No porque la sociedad se haya vuelto de pronto más cruel, sino porque el mecanismo que hacía caro el cinismo dejó de operar.

Wodak lo describe con una imagen que cualquiera reconoce sin necesidad de ser erudito de la ciencia política: “la conversación pública empieza a parecerse a un reality show, donde lo que domina ya no es el argumento sino la falta de pudor…”. México acaba de ofrecernos dos ejemplos muy claros en redes sociales. No porque sean equivalentes -no lo son y decirlo sería un poco injusto- sino porque recorrieron exactamente el mismo camino.

El primero ocurrió hace unas semanas en un podcast, ese formato que poco a poco se ha convertido en el epicentro de la conversación pública mexicana. Una abogada propuso condicionar el derecho al voto mediante un examen o un curso previo del INE. La reacción fue inmediata. Hubo indignación, cientos de miles de reproducciones, clips, hilos interminables. Durante un par de días pareció que el costo sería alto pero no lo fue. Y cuando el clip llegó a “la mañanera”, la enunciante de dicha declaración acusó un intento de censura desde el poder.  Llegó el video de aclaración, la explicación de que todo había sido malinterpretado y, poco después, ya estábamos entrando a otra polémica.

La libertad de expresión es un elemento que sirve de coartada perfecta para que estos ciclos se cierren y se abran con tanta rapidez. Apenas aparece la crítica, llega el mismo reflejo: "es mi opinión", "me sacaron de contexto", “me quieren intimidar”. Como si el derecho a hablar cancelara automáticamente la responsabilidad por lo dicho.

Después ocurrió el segundo episodio. Esta vez no fue un podcast sino una revista intelectual, un espacio que, una supondría, exige rigor en sus publicaciones. Un columnista publicó un texto poniendo en duda que lo que ocurre en Gaza pueda llamarse genocidio, justo cuando organismos internacionales, especialistas en derecho internacional y la propia ONU han sostenido públicamente que existen fundamentos suficientes para utilizar esa palabra. El artículo fue defendido como un ejercicio de valentía intelectual. Hubo indignación, incluso dentro de la propia revista. Y después, exactamente igual que en el caso anterior, la conversación siguió adelante incluso arremetiendo contra los colaboradores de la revista que manifestaron su inconformidad.

La libertad de expresión debería ser el piso mínimo de una democracia pero tal parece que, poco a poco, la hemos convertido en su techo. Ya no aparece como la condición que hace posible una conversación pública libre, sino como el escudo que pretende volver inmunes a cualquier cuestionamiento de nuestras palabras. Basta invocarla para que cualquier crítica parezca, de entrada, un intento de censura.

No me interesa equiparar ambos episodios porque sería intelectualmente deshonesto hacerlo. Decir que ciertas personas no deberían votar y minimizar un genocidio no tienen el mismo peso político ni moral. Lo que sí comparten es el recorrido: declaración estridente, escándalo, defensa, unos días de ruido y, muy seguramente después, nada.

Eso es lo que verdaderamente me inquieta, no que existan personas dispuestas a decir barbaridades. Esas han existido siempre, lo que me inquieta que cada vez cueste menos emitir una opinión que viola uno o más derechos.

Nos indignamos con una rapidez atlética, pero nuestra indignación dura exactamente lo que tarda el siguiente escándalo en aparecer. Antes la vergüenza cumplía una función política: contenía, disuadía, obligaba a pensar dos veces antes de cruzar ciertos límites. Hoy el escándalo produce miles de interacciones y muy pocas consecuencias. Dejamos de discutir para poner un límite a lo humanamente aceptable.

Wodak escribía sobre Austria y Hungría, sobre una Europa que veía normalizarse discursos que pocos años antes habrían resultado impensables en boca de un personaje público. Una quisiera creer que eso ocurre lejos, en otro idioma, en otro contexto político, pero basta pasar una tarde haciendo scroll en México para descubrir que el diagnóstico también nos pertenece y que, efectivamente, ya nadie se avergüenza.