Confía Morena en lograr consensos y designar titular de la CEARV
CUERNAVACA, Mor., 21 de abril del 2026.- Por segunda ocasión, abogados penalistas de distintas asociaciones y barras ofrecieron una rueda de prensa, ahora acompañados por Froylán Salazar, quien fue detenido la semana pasada tras un hecho delictivo ocurrido en un autolavado donde una persona perdió la vida.
Desde su detención, integrantes del gremio jurídico sostuvieron que a Salazar le habrían sembrado un arma de fuego y droga. En ese contexto, informaron que el pasado viernes lograron su liberación luego de asumir su defensa legal de manera conjunta.
Durante la conferencia, los abogados Víctor Javier Hernández y Efraín Márquez afirmaron que la inocencia de Froylán Salazar quedó demostrada gracias a un video en el que —aseguran— se observa a un policía estatal colocando un arma en una bolsa que portaba el abogado, así como presuntamente fentanilo.
Señalaron que el juez determinó la no vinculación a proceso, lo que, a su consideración, confirma que su defendido fue víctima de la siembra de pruebas por parte de autoridades.
Por su parte, Froylán Salazar expresó no entender las razones detrás de su detención y aseguró que existe un intento por dañar su imagen profesional.
Respecto a un video difundido recientemente en redes sociales, donde aparece manipulando un arma de alto calibre, el abogado explicó que fue grabado cuando formaba parte de la Fiscalía estatal, durante un curso para agente de investigación criminal. Añadió que dicho material se encuentra en su teléfono celular, el cual —afirmó— no le ha sido devuelto por la autoridad.
En su intervención, la abogada Naybi Ríos calificó como “desafortunadas” las declaraciones de la gobernadora del estado, al considerar que se estigmatizó a un integrante del gremio jurídico. Advirtió que no permitirán intimidaciones hacia litigantes ni jueces para favorecer resoluciones que, dijo, no se apeguen al Estado de derecho.
A su vez, el abogado Cipriano Sotelo criticó el funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia, al señalar carencias en infraestructura, presupuesto y una carga laboral excesiva para los jueces. Indicó que, en este caso, la juzgadora llevaba más de 12 horas continuas de trabajo y que la audiencia se retrasó por un periodo similar.
Finalmente, Sotelo acusó una presunta persecución política contra abogados por parte del gobierno estatal y exhortó a las autoridades, incluida la Secretaría de Seguridad Pública, a enfocarse en garantizar la seguridad en Morelos.




