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CUERNAVACA, Mor., 22 de abril de 2026– Con el objetivo de consolidar una agenda nacional que garantice el interés superior de la niñez, la gobernadora Margarita González Saravia inauguró este miércoles los trabajos de la 16ª Conferencia Nacional de Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, posicionando a Morelos como el epicentro del diálogo para la defensa de los derechos de las infancias en México.
El encuentro, que se desarrolla en la capital del estado del 22 al 24 de abril, reúne a especialistas y autoridades de las 32 entidades federativas. Durante el arranque, la mandataria estatal enfatizó que la protección de los menores es un pilar central en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, bajo los principios de justicia social e igualdad sustantiva.
González Saravia destacó que este foro representa una oportunidad invaluable para intercambiar experiencias y soluciones conjuntas ante los desafíos actuales que enfrenta la juventud. Subrayó que el respaldo a la niñez requiere de una vinculación estrecha entre el Gobierno de México, los estados y, fundamentalmente, las autoridades municipales para que el impacto sea directo en las comunidades.
A través de un mensaje institucional, la titular del Sistema Nacional DIF, María del Rocío García Pérez, reconoció el compromiso de Morelos para concretar esta cumbre. Señaló que el acompañamiento de la gobernadora es reflejo de una política pública decidida a favor de la protección integral, especialmente en sectores que requieren atención prioritaria.
Entre los ejes temáticos que se abordarán en las mesas de trabajo destacan la prevención de la explotación infantil y la mendicidad, así como el fortalecimiento de la representación jurídica. Estos esfuerzos buscan que el acceso a la justicia para las víctimas menores de edad sea una realidad tangible y no solo un concepto administrativo.
Por su parte, Fabiola María Salas Ambriz, procuradora federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, elogió la labor desempeñada por el Sistema DIF Morelos. Resaltó que la colaboración interinstitucional es la única vía para identificar y replicar las acciones que verdaderamente aseguren el cumplimiento de los derechos de cada niño y adolescente en el país.
En el marco local, el director del SEDIF Morelos, Jorge Erik Alquicira Cedillo, presentó cifras contundentes sobre la gestión estatal. Informó que, entre octubre de 2024 y marzo de 2026, la Procuraduría de Protección (PRONAF) ha realizado un total de 84 mil 785 acciones integrales de resguardo y atención a las infancias.
Como parte de las innovaciones en la materia, Alquicira Cedillo anunció la próxima instalación de una agencia del Ministerio Público dentro de las oficinas de la PRONAF. Esta medida permitirá agilizar el inicio de carpetas de investigación, reduciendo la revictimización y los tiempos de respuesta ante casos de vulneración de derechos.
Aunado a lo anterior, el Gobierno estatal proyecta la creación de centros de convivencia especializados. Estos espacios estarán diseñados para garantizar encuentros familiares seguros, bajo supervisión profesional y en entornos dignos, priorizando en todo momento la estabilidad emocional y el bienestar del menor sobre cualquier conflicto adulto.
La conferencia nacional también pondrá especial énfasis en el derecho a vivir en familia y en los modelos de cuidados alternativos. Los procuradores presentes revisarán los protocolos de acogimiento y adopción para asegurar que los procesos sean ágiles, seguros y orientados a la restitución de derechos en entornos afectivos sanos.
Finalmente, la gobernadora reiteró que en Morelos no se dará ni un paso atrás en la defensa de los más vulnerables. Aseguró que las conclusiones de este encuentro nacional se traducirán en políticas públicas operativas que servirán como modelo para el resto del país, reforzando el marco jurídico y social de protección.
Al evento asistieron directores de los sistemas DIF estatales y procuradores de protección de todo el país, quienes coincidieron en que la preparación ante los nuevos retos sociales, como los riesgos digitales y la movilidad humana, debe ser una prioridad compartida en la agenda de seguridad y desarrollo nacional.




