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Cuernavaca, Mor. 17 de julio de 2026. – El gobierno del estado, a través de la Coordinación de Movilidad y Transporte, ha puesto sobre la mesa un ultimátum para el sector transportista: los operadores tienen hasta el cierre de julio para inscribirse en la nueva Escuela para Operadores, bajo amenaza de sanciones administrativas si incumplen con la regulación.
Jorge Barrera Toledo, titular de la dependencia, confirmó que la medida alcanza a un universo de más de 5 mil ruteros y 18 mil taxistas en todo el estado. Según el funcionario, este proceso es la pieza central para la "modernización" que la administración busca imponer en un sector que ha sido históricamente crítico para la movilidad local.
La carga financiera: ¿Quién paga el costo político y económico?
Uno de los puntos más álgidos de la nueva regulación es la responsabilidad financiera. Barrera Toledo aclaró que el pago de las 84 horas de capacitación —que atención incluyen al cliente, manejo preventivo, mecánica básica y primeros auxilios— deberá ser cubierto exclusivamente por los concesionarios .
Con esta directriz, el gobierno desplaza el costo operativo hacia los dueños de las concesiones, quienes deberán acreditar el pago para poder registrar a sus choferes. Esta imposición se perfila como un nuevo frente de tensión entre la autoridad estatal y los grupos transportistas, quienes ahora se ven obligados a ajustarse a un esquema de cumplimiento regulatorio diseñado desde la oficina de Movilidad.
Entre la modernización y la advertencia
El mensaje del coordinador de Movilidad es claro: el registro no es opcional. Al condicionar la vigencia de los operadores al pago y acreditación de este curso, el gobierno estatal busca ejercer un control más estricto sobre el gremio. Mientras tanto, el sector transportista entra en una carrera contra reloj durante los días restantes de julio para evitar que la falta de cumplimiento se convierta en el pretexto para sanciones y posibles suspensiones de servicio bajo el nuevo marco legal estata




