Histórico golpe de la federación al crimen organizado en Morelos

CUERNAVACA, Mor., 20 de mayo de 2026.– El Gobierno de México asestó un golpe de dimensiones inéditas a las estructuras de poder político y criminal que mantenían bajo asedio la región oriente de la entidad.

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, acompañado por el comandante de la Guardia Nacional, el general Guillermo Briceño Lovera, detalló los alcances de la Operación Enjambre en territorio morelense, un despliegue que marca un hito por su transversalidad partidista y su mensaje de cero tolerancia a la impunidad.

Un golpe inédito y multipartidista

La nota más trascendente e histórica de esta intervención federal radica en la naturaleza de los objetivos capturados. Por primera vez en la historia reciente de la entidad, un solo operativo coordinado logra desarticular una red de corrupción institucional donde los involucrados pertenecen a distintos y antagónicos partidos políticos.

La acción de la justicia no distinguió colores ni militancias, lo que envía una señal contundente de neutralidad y firmeza tanto al interior del país como hacia el exterior, en un momento donde el debate internacional sobre la narcopolítica en México y la protección institucional a los cárteles mantiene un alto revuelo.

La asfixia criminal en la región Oriente

De acuerdo con el diagnóstico presentado por el gabinete de seguridad federal, los municipios de Cuautla y las demarcaciones aledañas de la zona oriente enfrentaban una crisis de violencia sistemática. Las investigaciones de gabinete y campo arrojaron que se tenía conocimiento detallado de actividades de extorsión que afectaban directamente a comerciantes, transportistas, familias y sectores productivos, quienes eran sometidos a amenazas constantes, cobros de cuotas y presiones directas por parte de células delictivas que pretendían imponer un control absoluto sobre la economía regional.

Frente a este escenario de alta vulnerabilidad social, la federación inició trabajos de inteligencia impulsados por las denuncias ciudadanas y reportes sobre el cierre de negocios. La estrategia dio un giro definitivo a mediados del mes de abril de 2026 cuando, por instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se reforzó el estado de fuerza en Morelos, ampliando las capacidades de investigación del Estado mexicano para identificar no solo a los generadores de violencia, sino también a sus redes de apoyo y posibles vínculos con autoridades locales.

Los lazos con "El Barbas" y el Cártel del Pacífico

El sustento jurídico que permitió la intervención de este miércoles provino de un seguimiento riguroso por parte de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la inteligencia militar de la Guardia Nacional. Con estas evidencias, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de cateo en seis inmuebles de Morelos y uno en Querétaro, destapando una intrincada red que colaboraba de forma directa con un operador regional del Cártel del Pacífico en la zona oriente, a quien los funcionarios públicos imputados habrían brindado amplias facilidades para sus actividades ilícitas.

Al ser cuestionado sobre la relación de estas capturas con un líder criminal identificado como Júpiter Araujo Bernal, alias "El Barbas", y la existencia de un polémico video grabado a principios de 2024 donde se documentaba una reunión con actores políticos en un rancho de Totolapan, el secretario de la SSPC confirmó la veracidad de la línea de investigación. "Sí tiene que ver con estas personas que usted menciona", precisó García Harfuch, añadiendo que la fiscalía especializada profundizará en las próximas horas sobre el estatus de los mandamientos judiciales y los cateos pendientes.

Bajo la lupa: Quién es quién entre los detenidos

El despliegue coordinado por la FGR, la Guardia Nacional y la SSPC ha logrado encarcelar a figuras clave de diversas adscripciones partidistas y niveles de la administración municipal. La lista de las órdenes de aprehensión cumplimentadas por delincuencia organizada incluye a los siguientes personajes vinculados al mundo político de Morelos:

• Agustín Toledano Amaro: Actual presidente municipal de Atlatlahucan (emanado de la coalición PRI-PAN-PRD-RSP).
• Irving Sánchez Zavala: Expresidente municipal de Yecapixtla (militante del PAN), quien fue localizado y capturado en el estado de Querétaro. Se le investiga además por la apropiación ilegal de un predio destinado a un pozo de agua potable, dejando en severo desabasto a la comunidad.
• Horacio Zavaleta Malacara: Oficial Mayor del Ayuntamiento de Cuautla y exaspirante a la alcaldía de dicha demarcación.
• Pablo Adrián Portillo Galicia: Reconocido empresario y actual Oficial Mayor de Cuautla (vinculado a las fuerzas políticas del PAN y MC).
• Jonathan Espinoza Salinas: Tesorero municipal del ayuntamiento de Cuautla, ligado al Partido Encuentro Social de Morelos (PES).
• Arisbel Rubí Vázquez Amaro, alias “La Jefa”: Excandidata a la alcaldía de Atlatlahucan y actual consejera estatal del partido oficialista Morena, quien ya contaba con diversos señalamientos ciudadanos en la región oriente por presuntos nexos con el crimen.

Por otra parte, el gabinete de seguridad federal confirmó de manera abierta que continúa la búsqueda de Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla, con la finalidad de cumplimentar el mandamiento judicial correspondiente que lo mantiene formalmente en calidad de prófugo.

Asfixia financiera: Bloqueo masivo de cuentas por la UIF

El desmantelamiento de esta organización no se limitó al terreno policial o penal. El secretario de Seguridad anunció que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluirá en la lista de personas bloqueadas a 32 sujetos, desglosados en 22 personas físicas y 10 personas morales ligadas directamente a esta red de corrupción y lavado de dinero en el estado de Morelos.

Esta contundente medida económica incluye a 10 objetivos principales, integrantes de su círculo familiar y empresas con indicadores de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asestando un golpe financiero al entorno directo del líder delictivo regional y congelando los activos que presuntamente se obtenían mediante las extorsiones generalizadas en agravio de los morelenses. Con estas acciones, suman ya 20 presidentes o expresidentes municipales detenidos de distintos partidos políticos en lo que va de la presente administración federal.

El antecedente de "Los Linos"

García Harfuch recordó que estas detenciones corresponden al seguimiento de una estrategia integral que durante el mes de mayo ya había demostrado resultados tangibles. Citó como ejemplo el operativo del pasado 6 de mayo en Yautepec, donde se logró la captura de ocho integrantes de la célula delictiva Los Linos, incluyendo a su líder Rodolfo N, alias "Don Ramón", dedicados a la extorsión, homicidio y al trasiego de narcóticos desde Centroamérica hacia los Estados Unidos, una acción donde personal de la SSPC fue agredido, dejando un saldo de un delincuente abatido y dos elementos lesionados.

El titular de la SSPC defendió la firmeza del Gobierno de México frente a los cuestionamientos de la prensa sobre la penetración de la delincuencia en las esferas gubernamentales. "Este gobierno desde el inicio de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy claro y contundente con el combate a la delincuencia", sentenció, subrayando que el Operativo Enjambre a nivel nacional ya acumula más de 70 servidores públicos detenidos en general.

Más de dos mil efectivos resguardan el estado

Finalmente, el general Guillermo Briceño Lovera, comandante de la Guardia Nacional, detalló el estado de fuerza que se mantendrá en territorio morelense de manera permanente a fin de resguardar el orden tras las detenciones y evitar reacciones delictivas que pongan en riesgo a los ciudadanos.

Briceño Lovera puntualizó que se tienen más de 2,000 elementos de la Guardia Nacional desplegados en toda la entidad, operando en estrecha colaboración con el Ejército Mexicano, la policía estatal y las corporaciones municipales. Las fuerzas de seguridad concentrarán de forma prioritaria sus dispositivos de vigilancia en los municipios de Cuernavaca y Cuautla, identificados bajo la lupa de inteligencia federal como los puntos que concentran la mayor incidencia delictiva del estado.