¿Sabías que tienes derecho a poseer un arma en casa? Esto dice la ley
CUERNAVACA, Mor., 31 de mayo de 2026.- El "Operativo Enjambre" se consolidó como la estrategia federal para desarticular redes de complicidad, extorsión y delincuencia organizada incrustadas en administraciones municipales. Coordinada por el Gabinete de Seguridad Federal, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la ofensiva sumó un golpe toral el 30 de mayo de 2026 con la captura de Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla. Con este arresto, la estrategia acumula más de 85 servidores y exservidores públicos capturados.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la captura de Corona Damián, quien se encontraba prófugo desde el inicio de la embestida en la región el pasado 20 de mayo. Al edil de Cuautla se le imputan delitos de extorsión institucionalizada y vínculos con redes criminales.
Esta detención se suma a la decapitación de la estructura administrativa de Cuautla ocurrida el 20 de mayo, cuando fuerzas federales capturaron al Secretario Municipal (Horacio "N"), al Oficial Mayor (Pablo "N") y al Tesorero (Jonathan "N"), dejando a la administración local sin sus operadores financieros y jurídicos centrales.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), las detenciones en Morelos se ligan a presuntas complicidades con Júpiter Araujo, alias "El Barbas", presunto operador del Cártel del Pacífico. En el mismo despliegue se detuvo a Agustín Toledano, alcalde de Atlatlahucan, a Irving Sánchez, exalcalde de Yecapixtla, y a Carlos "N", alias "El Camarón", identificado como jefe operativo de la Familia Michoacana.
El desglose de los objetivos de alto perfil capturados por la federación incluye:
El "Operativo Enjambre" evidenció que los grupos delictivos capturan las estructuras de toma de decisiones políticas y las haciendas públicas. Al controlar las tesorerías, la delincuencia utiliza el aparato burocrático para extorsionar de manera "legalizada" a industrias estratégicas locales, como las distribuidoras de bebidas alcohólicas.
El conflicto profundo radica en el colapso institucional. La remoción simultánea de mandos obligó a la intervención de urgencia del Congreso del Estado, mientras la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 22 personas físicas y 10 empresas ligadas a la red de Cuautla, provocando una parálisis administrativa total.
"La estrategia acumula más de 85 servidores públicos capturados de manera simultánea o escalonada, exponiendo el control territorial que las células delictivas mantienen sobre las estructuras locales. El Gobierno de México mantiene una política de cero impunidad frente a cualquier vínculo entre servidores públicos y organizaciones criminales."




