Frenan destitución de ediles; Tlaquiltenango obtiene amparo y Xoxocotla concilia laudos

CUERNAVACA, Morelos. 17 de junio de 2026.— El Congreso del Estado de Morelos mantendrá bajo estricta revisión los expedientes y procedimientos jurídicos de los presidentes municipales que enfrentan órdenes de destitución por laudos laborales. Lo anterior, luego de confirmarse que el alcalde de Tlaquiltenango obtuvo una protección federal y el edil de Xoxocotla inició un proceso de conciliación con los demandantes.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Legislativo, Rafael Reyes Reyes, detalló que la soberanía actuará con absoluta responsabilidad jurídica, por lo que no se tomarán decisiones apresuradas ni se abordarán los dictámenes en el Pleno hasta que se analice a fondo el estado que guarda cada juicio de amparo.

Reyes Reyes precisó que, de acuerdo con la información institucional disponible, en el caso de Tlaquiltenango ya se concedió una suspensión judicial que frena momentáneamente la separación del cargo ordenada por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA). Por otra parte, las autoridades de Xoxocotla lograron entablar mesas de negociación para suscribir convenios de pago y liquidar los adeudos con los extrabajadores de forma pacífica.

Atribuciones exclusivas del Congreso local
El legislador local recordó que existe jurisprudencia clara que determina que, si bien el TJA emite las resoluciones de sanción por el incumplimiento de sentencias laborales, es exclusivamente el Congreso del Estado el que posee las atribuciones legales para ejecutar la suspensión o revocación de mandato de un servidor público de elección popular.

Añadió que para avanzar en cualquier destitución —incluido el expediente del municipio de Zacualpan de Amilpas, el cual se encuentra en una situación jurídica similar—, los diputados deben checar minuciosamente que la motivación legal sea completamente sólida y clara para evitar incurrir en violaciones procesales.

Protocolo ante alcaldes vinculados a proceso penal
Por último, al ser cuestionado sobre aquellos ediles que enfrentan procesos penales y han sido vinculados por la Fiscalía General del Estado, Rafael Reyes aclaró que el escenario jurídico es distinto, pues la ley marca lineamientos claros para evitar vacíos de poder en los ayuntamientos.

Explicó que si un presidente municipal es obligado a dejar el cargo por mandamiento de un juez de control penal debido a una medida cautelar o una sentencia prolongada, el Congreso generará de inmediato las condiciones institucionales para que los suplentes asuman la titularidad de las alcaldías, tal y como lo mandata la Constitución Política del Estado de Morelos.