Frena Ejecutivo rumores; acusa guerra sucia contra el gobierno

CUERNAVACA, Mor. 15 de julio de 2026.– En una clara advertencia contra quienes buscan desestabilizar la administración estatal, el secretario de Administración y Finanzas, Jorge Salazar Acosta, desmanteló la narrativa que aseguraba una reforma inminente a la Ley del Servicio Civil. El funcionario calificó de "falsas y malintencionadas" las versiones que circularon sobre una aprobación legislativa este miércoles, acusando una estrategia deliberada para sembrar el caos entre los trabajadores.

El mensaje político: Control de daños
La respuesta del Ejecutivo fue contundente: no hay firmas, no hay iniciativas solicitadas y, sobre todo, no hay interés en avanzar por la espalda de los gremios. Al desautorizar la agenda legislativa que se manejaba en los pasillos políticos, Salazar Acosta envió un mensaje de poder y control hacia el sector sindical, asegurando que el Gobierno del Estado es el único árbitro legítimo en la construcción de acuerdos laborales.

¿Quién se beneficia del rumor? El titular de Finanzas dejó entrever que la desinformación proviene de actores que buscan el conflicto directo entre el gobierno y los sindicatos, usando la incertidumbre como moneda de cambio para su propia agenda política.

La promesa de "paz social": Al anunciar mesas de trabajo para la próxima semana, el gobierno busca neutralizar cualquier conato de protesta o movilización, arrebatando a sus adversarios el discurso de la "imposición".

El Ejecutivo marca la cancha
La postura del funcionario era más allá de lo administrativo; se trató de una jugada estratégica para marcar límites frente al Congreso del Estado. Al declarar "desconocer" la agenda del Legislativo, Salazar Acosta lanzó un dardo directo a los diputados, subrayando que cualquier intento de reforma que no pase por el filtro de la Gobernadora y el consenso sindical carece de viabilidad política.

Con este desmentido, el Ejecutivo intenta recuperar la iniciativa frente a un escenario donde los grupos de oposición y voces críticas buscaban capitalizar el descontento de los trabajadores. Por ahora, el gobierno ha logrado desactivar la bomba mediática, pero el reto será cumplir con la promesa de "consensuar" antes de legislar, bajo la mirada atenta de un sector sindical que ha demostrado ser un actor político de alta relevancia en el estado.